El presidente de FARCO y miembro del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual critica el fallo de la Cámara sobre la ley de Medios y confía en que la Corte Suprema avalará la totalidad de la norma sancionada por mayoría en el Congreso.
Escribe Néstor Busso (*)
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es producto de un amplio debate social, claras mayorías parlamentarias y decisión política de la Presidenta Cristina Fernandez.
Este fuerte consenso social y político se enfrentó al poder de los grandes grupos concentrados con la complicidad de algunos jueces. El Grupo Clarín siempre buscó ganar tiempo para mantener sus posiciones dominantes de mercado. Primero buscando impedir y luego postergar el debate y la aprobación de la Ley, luego mintiendo sobre su contenido y desde octubre de 2009 hasta hoy con cuestionamientos judiciales que intentan impedir la aplicación de la Ley.
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El fallo de la Cámara era esperado. Sus integrantes ya dieron varias muestras de su cercanía y simpatía con los intereses del grupo Clarín. Aunque el fallo reconoce la constitucionalidad de la Ley, consigue proteger el núcleo duro de los negocios del "grupo", la televisión por cable. Según este fallo la Ley no podría poner límites a la concentración o al monopolio en la Televisión por cable. Para eso declaran la inconstitucionalidad de dos párrafos de la Ley. Ni siquiera un artículo completo es objetado. Sólo dos párrafos que con precisión de cirujano pretenden extirpar de la Ley para permitir el monopolio.
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Su argumento principal es cuidar los negocios del grupo Clarín para asegurar su "sustentabilidad" y de esa forma defender la libertad de expresión, cuando en realidad la Libertad de expresión y el derecho a la Comunicación se protegen con la pluralidad y diversidad. Justamente "los oligopolios y monopolios atentan contra la libertad de Expresión" como afirman organismos internacionales.
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Aun desde una perspectiva comercial, al cuidarse los negocios de los grandes grupos –en este caso el grupo Clarin – quedan desprotegidos los medios locales que no pueden competir. Pero la comunicación y la información no son simples negocios comerciales y por tanto es claro que el Estado debe promover la pluralidad y diversidad para garantizar el Derecho a la Comunicación.
Es de destacar que aun en este fallo a la medida de los intereses del grupo, se caen varios argumentos esgrimidos hasta ahora por Clarín para sostener que la ley sería inconstitucional. Pero en realidad el contenido de este fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal tiene poca importancia. Es solo un trámite. Una valla que ha sido superada para llegar a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Al grupo Clarín se le acaba el tiempo y deberán cumplir con la Ley. El contundente fallo del Juez de primera instancia Horacio Alfonso, el dictamen del fiscal de Cámara e incluso varios aspectos de la sentencia conocida esta semana anticipan un fallo de la Corte reafirmando la constitucionalidad de la Ley. No sería sensato permitir monopolios u oligopolios en la comunicación. Todos los países con legislación seria en la materia tienen límites a la concentración.
La Corte Suprema de Justicia tiene ahora la gran oportunidad de garantizar que los avances logrados por la democracia argentina en lo que hace a libertad de expresión y derecho a la información se consoliden definiendo una polémica ficticia entre los negocios de un monopolio y los derechos de toda la ciudadanía.
Esperamos que la Corte se defina en un "plazo razonable" como pidió a tribunales inferiores de ese poder.
(*) Néstor Busso es presidente del Foro Argentino de Radios Comunitariasy miembro del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual
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