Una disputa ideológica

Nuestra interpretación sobre una política nacional que busca trascender no solo en el plano económico, sino también en cuestiones ligadas a la soberanía e integración territorial, es absolutamente diferente.

Resulta pertinente hacer un balance a instancias de algunos artículos que salieron últimamente. La decisión de incentivar la producción en tierras fueguinas tiene un fundamento económico de largo alcance: atraer inversiones productivas que en el mediano plazo demanden mayor cantidad de empleados capacitados, consecuencia directa del desarrollo paulatino de una industria nacional con más valor agregado.

La ministra de Industria, Débora Giorgi, en su momento destaco que "el desarrollo del polo tecnológico de Tierra del Fuego es una política de Estado que no solo genera puestos de trabajo, sino que impulsa el desarrollo de la industria electrónica en el continente, vinculándolas con las de la isla".

En ese impulso de mediano plazo no debemos dejar de destacar la transferencia tecnológica y de conocimiento que se les exige a las empresas radicadas en la isla, debiendo incorporar progresivamente mayores piezas de producción nacional, ello complementado con los aportes que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) puede suministrar.

Desde finales del año 2009, cuando se aprobó la ley 26.539 que impulsa la industria electrónica en Tierra del Fuego, se pudo generar una transformación en la vida cotidiana de todos los argentinos. Se logro que las políticas tengan un respaldo basado en el empleo, generando más de 6.000 puestos de trabajo y obteniendo un abastecimiento local con participación nacional en aparatos electrónicos de alta demanda, como son los celulares –se paso del 4% al 97%- aires acondicionados –se alcanzo el 99%- y en el caso de los televisores se está en el 94% del total de los comercializados.

Economistas del establishment destacan que el Estado argentino subsidia a Tierra del Fuego. Pero para que un mercado pueda desarrollarse, se necesita presencia del Estado para evitar las distorsiones que un mercado autorregulado puede generar, evitando el dumping  o prácticas desleales que arrasen con la incipiente industria y erosionen los objetivos de política económica planificados originalmente.

Así entendemos las prácticas que la ley estipula: gravar nuevos productos electrónicos con impuestos internos, por una parte, y eliminar alícuotas promocionales a otros productos, a la par que se reduce la alícuota de impuestos internos para aquellos productos alcanzados por dicho gravamen que se fabriquen en el marco del régimen promocional de Tierra del Fuego, permitiendo de esta manera una mayor competitividad de la producción nacional.

Mencionada la importancia desde lo geoestratégico de abarcar el territorio entero, no nos olvidemos que hace 30 años se estuvo al borde de disputar una guerra con Chile por los territorios mas australes de nuestra patria. En ese tiempo, la población en la isla era de 27.358 habitantes (1980). Hoy la población asciende a 127.205 habitantes (2010), casi 100.000 habitantes más.

Y si miramos la evolución entre los últimos dos censos 2001 y 2010, notaremos que incluso la población austral aumentó más que en el territorio nacional entero: la población nacional del 2001 al 2010 pasó de 36,2 a 40,1 millones de habitantes, lo que equivale a un aumento del 10.77%. La evolución de la población en Tierra del Fuego pasó, entre el 2001 y 2010, de 101.079 a 127.205 habitantes, esto representa un incremento del 25.84%.

El empleo asalariado registrado por sector tuvo también un incremento importante en los últimos años, desde 2009- año de la sanción de la ley 26.539- a 2011 creció un 32%. Pero más destacable aún, ese crecimiento fue traccionado principalmente por el sector de la industria con un incremente del 88%

En suma, el desarrollo, expansión y auge de la producción industrial en Tierra del Fuego fortalece el mercado interno, promueve la capacitación de los recursos humanos y fomenta el trabajo, lo que nos permite estar considerablemente orgullosos y oponer a las críticas los indicadores que revelan su saludable presente y promisorio futuro.

(*) Politólogo del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)