La Cámara Federal de Mendoza apartó de su cargo al titular de ese tribunal, Julio Petra, acusado de ayudar al juez Otilio Romano, quien se fugó a Chile tras ser citado a declarar por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Según el tribunal mendocino, "existen motivos suficientes para entender que resulta inconveniente desde el punto de vista objetivo e institucional que (Petra) continúe ejerciendo la Presidencia de este Tribunal durante el tiempo que resta para la finalización del año".
Petra fue imputado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público tras una denuncia en su contra por apartar en 2010 al juez Walter Bento del expediente que investiga a Otilio Romano, cuando se encontraba inhibido para intervenir en causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
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Luego de aquella presunta ayuda a Romano, Petra fue fotografiado junto a al cuestionado magistrado en un bar céntrico de la capital provincial y con una botella de champán sobre la mesa.
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Otilio Romano fue suspendido el pasado 25 de agosto, pero un día antes viajó a Chile, donde solicitó asilo político y obtuvo una visa de residencia de ocho meses.
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Tras conocerse su salida del país, el juez Walter Bento lo citó a declarar por su procesamiento como partícipe en más de cien casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos cuando era fiscal de esa provincia a Chile, pero Romano no se presentó.
Bento emitió una orden de detención internacional contra Romano, pero supeditó su solicitud a que previamente sea destituido como magistrado.
El Consejo de la Magistratura resolvió hace varias semanas suspender de sueldo a Romano, un paso previo al juicio de destitución, que el organismo planea iniciar antes de fin de año.
A finales de septiembre pasado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados decidió que Romano no será juzgado por fugarse a Chile y pedir allí asilo político.
Con esa resolución rechazó una petición de dos integrantes del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la designación y remoción de jueces, que argumentaba que la huida de Romano debería ser considerada como un agravante.
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