#Anuario 2014: Las leyes clave que dejó el año parlamentario

Política

El año parlamentario dejó una serie de leyes clave que fueron impulsadas desde el Poder Ejecutivo y que recibieron duras críticas desde el arco opositor. Incluso algunos referentes de ese sector como Sergio Massa y Mauricio Macri adelantaron que, de alcanzar la presidencia el próximo año, impulsarán la derogación de muchas de estas normas.

Aquí algunas de las normas sancionadas durante 2014:

Se sancionó el paquete de Leyes de Defensa del Consumidor:

Se crearon los Tribunales del Consumidor. Se trata de un Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo, Ley 26.993, que se rige por los principios de celeridad, inmediación, economía procesal, oralidad, gratuidad y protección para el consumidor o usuario, respetando el derecho de defensa y el debido proceso legal.

Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo: La nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, ley 26.991, apunta a reforzar el rol del Estado en el proceso de regulación de la formación de precios dentro de la cadena de valor, que incluye desde la producción hasta el consumo, ante uno de los principales desafíos de la economía moderna. A su vez, la ley 26.691, modificatoria de la ley 20.680, suprimió las disposiciones cuestionadas sobre expropiación, intervención de empresas, suspensión de patentes y sanciones de arresto y prisión de la vieja Ley de Abastecimiento.

Se creó el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. La creación del Observatorio, Ley 26.992, como organismo técnico y en el marco del artículo 42 de la Constitución Nacional, apunta a dar señales concretas en materia de expectativas de variación de precios y poder adquisitivo de los salarios al brindar valores de referencia transparentes, ciertos y previsibles de los distintos productos de consumo masivo, a la vez que permite avanzar en medidas que incrementan el grado de competitividad de cada cadena de valor a partir del mayor conocimiento de sus características propias y de los mecanismos de apropiación del excedente.

Se dispuso la obligatoriedad de la Sala de 4 años: La ley sancionada modifica la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, propiciando la extensión de la escolaridad obligatoria a los chicos y chicas de cuatro años de edad y la universalización de la sala de 3 de nivel inicial.

Se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial Unificado: El texto sancionado toma como una de sus principales fuentes la labor legislativa producida por el Congreso en estos últimos 10 años. Entre las leyes que se incorporaron al Código se puede mencionar a la ley de matrimonio igualitario, la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley de identidad de género, la ley de muerte digna y la ley de salud mental, entre otras. El proyecto de nuevo Código reconoce como fuente principal a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos, "constitucionalizando" el derecho privado. De este modo, se incorporan a la rama del derecho que regula las relaciones entre particulares todos los principios y estándares contenidos en la carta magna y en los instrumentos internacionales. Los lineamientos rectores del nuevo Código son los principios de igualdad y no discriminación; el derecho a un propio plan de vida; la igualdad de género; la concepción de todo niño, niña y adolescente como sujeto de derecho; el reconocimiento de los derechos sociales; el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra de los pueblos originarios; la protección de la vivienda; entre otros.

Nuevo Código Procesal Penal de la Nación: La ley 27.063 aprueba el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, sustituyendo al Código sancionado en el año 1991 de corte inquisitivo, altamente formalizado y escritural. El nuevo Código es un avance sobre el diseño del proceso penal y refleja un cambio dentro del diseño de persecución penal. En él se incorporan los principios de celeridad, oralidad, publicidad y desformalización de las actuaciones judiciales. En el tratamiento de los sujetos procesales, se sigue la línea de los modelos acusatorios. Los jueces tienen asignada la tarea de control de las garantías del procedimiento, mientras que los fiscales asumen la dirección de las investigaciones penales. Se amplían las facultades de las víctimas, a las que se le brindan herramientas de control sobre la actuación de los fiscales, sin la necesidad de que se constituya como parte querellante.

Nueva moratoria previsional: Quizás la ley que menos rechazo despertó entre la oposición establece un régimen de regularización de deudas previsionales para trabajadores autónomos y monotributistas que estén en condiciones de jubilarse. De esta manera desde el oficialismo destacaron que se completó el proceso iniciado en 2003 y se alcanzó la casi universalidad de la prestación.

Nueva Ley de Hidrocarburos: La iniciativa fue acordada tras varios meses de negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). El texto fijó nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones. Además, la nueva ley acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Estas no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos.
En tanto, para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión. La ley establece entre otras cosas que las nuevas licitaciones no tendrán reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales "podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión".
También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones. La norma establece además que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente en concepto de regalía un 12 por ciento. Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3 por ciento las regalías, pero con un tope del 18 por ciento.

Dejá tu comentario