El juez definiría hoy la excarcelación de Sergio Schoklender
Tras la aceptación al pedido del contador Gotkin y su hermano Pablo, el mayor de los Shocklender irá a Comodo Py para saber si puede esperar sentencia en libertad.
El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, volverá a ser llevado este mediodía a los tribunales federales de Comodoro Py por un planteo de excarcelación que ya fue rechazado por el juez federal Norberto Oyarbide.
Si bien la cita estaba programada para este martes al mediodía, finalmente, el tribunal de alzada escuchará hoy su exposición para pedir el beneficio que ya obtuvieron su hermano Pablo y el contador Alejandro Gotkin, todos acusados de integrar una "asociación ilícita" y el uso propio de fondos que estaban destinados al plan de vivienda Sueños Compartidos.
El acusado irá acompañado por su defensor público, Martin Hermida, quien lo acompañó en la audiencia indagatoria de este lunes. El abogado fue quien anticipó, al respecto, que el tribunal fijó fecha para el próximo 5 de julio para que continúe con su declaración.
Este lunes, Sergio Schoklender había reiterado que no cometió delito penal y sostuvo que Hebe de Bonafini era "administradora y responsable" de la intidad.
El ex apoderado de Madres hizo el descargo en una extensa ampliación de indagatoria de seis horas ante el juzgado federal de Norberto Oyarbide, justo un día antes de peticionar personalmente ante la Cámara Federal su libertad.
Según Hermida, la exposición fue "voluntaria" para refutar las acusaciones, en particular la de fraude al Estado mediante el desvío de fondos millonarios destinados a la construcción de viviendas sociales.
Sin la presencia del juez ni del secretario sino de un funcionario del juzgado que tomó registro, Schoklender insistió en que no competió delito penal alguno y que lo suyo fue "a lo sumo un incumplimiento en el contrato de obra pública".
También explicó que el cambio de cheques en financieras obedeció a la necesidad de "tener liquidez y poder pagar los sueldos y a los proveedores" aduciendo que ello se debía que el flujo de fondos estatales se liberaba recién contra la firma de los certificados de obra finalizada.
Sergio Schoklender justificó los atrasos de hasta dos años en depositar las cargas sociales de los 6500 empleados de la fundación ocupados mediante la modalidad de autoconstrucción.
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