El macrismo aprobó la creación del polémico instituto de evaluación docente
Con los votos de UNEN y Confianza Pública, el PRO consiguió crear la unidad externa para examinar el estado del sistema educativo y de las políticas del área.
Los legisladores porteños convirtieron este jueves en ley la creación de un Instituto de Evaluación Docente, propuesto por el Ejecutivo local, con votos de los bloques del PRO, UNEN y Confianza Pública que preside Graciela Ocaña, para que funcione en la red de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
Para ello, el macrismo introdujo algunas modificaciones al texto original -que había sido enviado a la Legislatura a mediados del año pasado- con el propósito de sumar los votos necesarios para lograr una "ley de consenso" y torcer el rechazo así que, en una primera instancia, ambos bloques de la oposición habían manifestado frente a la creación del ente evaluador.
En rigor, el proyecto del Ejecutivo se refería a un ente autárquico con posibilidad de recibir financiamiento exterior, lo que motivó la molestia de los gremios docentes que acusaron a la gestión macrista de llevar adelante una visión "tecnócrata y liberal" de la educación.
Con un escenario adverso, el PRO dejó trascender las reformas hechas al proyecto, entre ellas, la que deja de lado la idea de que el ente sea autárquico y pasa a tener las atribuciones de un organismo descentralizado.
Para la diputada del Frente para la Victoria y miembro de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik, "sea un ente autárquico o descentralizado es lo mismo, solamente es un nuevo proyecto maquillado del PRO porque al contar con una personería jurídica va a poder recibir financiamiento externo también".
En tanto, Ocaña sostuvo que "la propuesta del macrismo es muy superadora a la original presentada el año pasado porque el oficialismo ha adoptado múltiples cambios y pasó de un ente autárquico a lo que ahora estamos hablando que refiere a un organismo descentralizado que puede manejar su presupuesto y con una forma de designación que es por concurso".
Para el legislador Alejandro Bodart, del MST, "detrás del término de calidad educativa se intenta nuevamente seguir profundizando la política privatista en la educación y ello está claramente en este proyecto pese a las modificaciones formales que se fueron haciendo".
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