Seguirán investigando a Macri por los delitos de la ex UCEP

Política

La Cámara de Casación confirmó la investigación por las golpizas y agresiones a personas en situación de calle en la Ciudad llevadas a cabo por la ex Unidad de Control del Espacio Público.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes la investigación contra el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por las golpizas y agresiones a indigentes y personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires por parte de personal de la ex Unidad de Control del Espacio Público (UCEP).

La Sala II de Casación rechazó un planteo de la defensa de Macri contra el fallo de la Cámara del Crimen que ordenó en abril del año pasado que el titular del PRO siga siendo investigado.

Los camaristas Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Mariano Borinsky consideraron que la presentación de Macri "son meros juicios discrepantes del decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó la cámara y cuyos fundamentos no logra rebatir".

Macri está acusado por los delitos de coacción agravada y abuso de autoridad por disponer la creación de la UCEP que desplegó su accionar en contra de la ley.

La jueza María Fontbona de Pombo sobreseyó a Macri al considerar que solo se había limitado a firmar el decreto 1223/08 por el cual se creó la UCEP, pero la Cámara del Crimen revocó el fallo y ordenó que el jefe de Gobierno siga siendo investigado.

Los camaristas Jorge Rimondi y Luis María Bunge Campos entendieron que no se investigó si Macri apañó las agresiones de la UCEP teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo porteña emitió cuatro resoluciones en las que denunciaba el accionar del organismo.

La UCEP fue creada en octubre de 2008 bajo los objetivos de "mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión" e "intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público".

Sus integrantes recibieron 17 denuncias por golpes, malos tratos y amenazas a personas que dormían o vivían en la calle.

Tras las denuncias, Macri disolvió la UCEP y apartó del cargo al entonces ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, quien también fue investigado por la Justicia y recibió una falta de mérito, al igual que unos 30 agentes del organismo.

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