La jueza federal con competencia electoral demoró su regreso a su despacho y recién este martes se reincorporará para analizar si toma una resolución de fondo sobre la elección de consejeros, en el marco de la reforma a la Magistratura.
CIJ
La expectativa por un inminente fallo sobre la constitucionalidad de la
ley de reforma del Consejo de la Magistratura siguió creciendo este lunes en
los tribunales locales, ya que la jueza federal María Servini de Cubría
demoró su regreso a su despacho y recién hoy martes se reincorporará para
analizar si toma una resolución de fondo.
Así lo señalaron
fuentes judiciales, quienes dijeron que la jueza Servini este martes
retomará su labor luego de una semana de licencia y allí determinará si,
con los argumentos elevados por el Ejecutivo ante los planteos de
amparo radicados en su juzgado, hace lugar a los reclamos de los
apelantes.
La jueza no sólo debe resolver si suspende la
aplicación de la ley que convoca a elecciones populares de los abogados,
jueces y académicos que se postulen para integrar la Magistratura, sino
que se espera que -más allá del amparo- defina si la ley votada en el
Congreso es constitucional.
Para ello, además, Servini evaluará si convoca a la Procuradora
General Alejandra Gils Carbó a pronunciarse en el expediente, luego de
la negativa de dos fiscales -Jorge Di Lello y Carlos Rívolo- a
pronunciarse sobre la cuestión.
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Según trascendió, el Gobierno
aspira a concentrar todas los planteos judiciales contra la reforma al
Consejo en el juzgado de Servini de Cubría, el único al que hizo llegar
su posición.
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Este lunes, el Ejecutivo ratificó que las Primarias
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizarán el 11 de agosto próximo, más allá de la decisión que pueda tomar la Justicia
sobre la elección popular de los miembros del Consejo de la
Magistratura.
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En las últimas horas se sumó otro pronunciamiento
judicial ante presentaciones judiciales que se hicieron en distintos
tribunales del país para frenar la reforma.
El juez federal de
San Martín Oscar Papavero hizo lugar a un planteo del Colegio Publico de
Abogados de San Isidro, que pidió una acción declarativa de certeza
contra la reforma por entender que los integrantes de su agrupación
debían apelar a un partido político para poder ser parte del Consejo de
la Magistratura.
El magistrado Papavero dictó la suspensión por seis meses de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855.
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