La justicia intimó a Cablevisión a adecuar su tarifa

Política

El juez federal Gabino Ziulu dio a la empresa del Grupo Clarín tres días para que acredite si ajustó el monto del abono domiciliario a lo dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior.

El juez federal de La Plata Adolfo Gabino Ziulu intimó a la empresa Cablevisión a que en el plazo de tres días acredite si adecuó su tarifa por abono a la suma autorizada por la secretaría de Comercio Interior de la Nación que conduce Guillermo Moreno.

Mediante la intimación el magistrado busca determinar si efectivamente la empresa de televisión por cable que pertenece al Grupo Clarín ajustó el valor de su abono domciliario desde 205 pesos a los 130 autorizados por el Estado. Es que de acuerdo con las denuncias recibidas en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires la empresa estaría incumpliendo la orden judicial.

El 1° de febrero pasado, el juzgado federal n°2  encabezado por Ziulu había ordenado cumplir fallos judiciales de diciembre pasado y ajustar su tarifa "bajo apercibimiento de dar intervención a la Justicia Penal" si eso no ocurría.

En ese sentido el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Boniccato aseguró que "si la empresa no ajusta su tarifa, pediremos que pase el caso a la justicia penal". "Debemos proteger a los consumidores" explicó.

La disputa judicial comenzó el 27 de noviembre del año pasado cuando, a partir del pedido de un conjunto de legisladores y tras acumular miles de quejas, el Defensor del Pueblo de la Provincia interpuso una medida cautelar contra Cablevisión S.A. por incumplimiento de las resoluciones de la Secretaría de Comercio, que fijaba el tope para las tarifas del servicio de televisión por cable.

La dependencia conducida por Moreno había establecido que el monto máximo a cobrar por el servicio de televisión por cable era de 109 pesos para los meses de enero a abril de 2011 y, mediante posteriores resoluciones se prorrogó hasta diciembre de 2012 con el monto actualizado a 123 pesos.

El 14 de diciembre el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar, lo que implicó que Cablevisión no podía emitir facturas que superaran los montos preestablecidos, pero eso no ocurrió.

La empresa cuyo dueño mayoritario es el Grupo Clarín intentó frenar la medida judicial por medio de diversas presentaciones, pero en las distintas instancias judiciales la respuesta fue la misma: se indicó que la empresa debe adecuar sus tarifas, sin prejuicio de la instancia en la que se encuentre la contienda judicial.

Fue con ese criterio que el juez federal de La Plata intimó a la empresa a "acreditar" su cumplimiento de la medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En el mismo sentido, Boniccato insistió en que si la empresa no se adecua, llevará el caso a la justicia penal "porque se está prestando un servicio público de manera impropia".

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