De remate: el Gobierno regala AySA y hacer dos plantas de tratamiento cuesta más que toda la privatización

Sin embargo, el dato técnico que desnuda el vaciamiento patrimonial es lapidario: por lo que se está vendiendo toda la compañía, construir desde cero apenas dos plantas de tratamiento de agua cuesta mucho más.

AySA: un negocio redondo para pocos y a ciegas para los usuarios

La entrega de la empresa a precio de saldo se da en un marco donde los verdaderos dueños del servicio —los 14 millones de usuarios que abonarán las facturas durante los próximos 30 años— jamás tuvieron acceso a la valuación real del paquete accionario ni al inventario de pasivos ambientales, un ocultamiento que motivó amparos judiciales colectivos impulsados desde la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Mientras los compradores se quedan con una infraestructura gigantesca por una cifra exigua, los números finos del negocio ya revelan las ganancias extraordinarias que tendrán aseguradas:

• Caja extra garantizada: Informes del ERAS señalan que el grupo adjudicatario espera una recategorización de usuarios por zonas que le inyectará un flujo de caja adicional de US$93 millones anuales. Es decir, con poco más de tres años de esa caja extra, los compradores recuperan con creces lo invertido en la compra.

• Aportes de campaña y socios en los dos lados del mostrador: Las esquirlas políticas no tardaron en aparecer, salpicando a firmas del holding Equo Capital con aportes previos a la campaña de La Libertad Avanza, y dejando a actores clave como Mauricio Filiberti (dueño de Transclor y socio en Edenor) con control estratégico sobre el principal consumidor de electricidad del AMBA.

A este combo se le suma el fantasma de los negocios cruzados y los movimientos financieros oscuros que ya encendieron alertas en otras transferencias recientes del sector energético, como ocurrió con el caso Transener y la sombra de los hermanos Neuss sobre los recursos acumulados del Estado.

Entregar una empresa de esta magnitud por debajo de su costo de reposición y de lo que vale construir apenas un par de plantas potabilizadoras configura un despojo inadmisible. Con la adjudicación definitiva aún pendiente de revisión en la Comisión de Evaluación, la urgencia de frenar el remate y transparentar los números reales es el último grito de defensa de un servicio que es, antes que un negocio, un derecho humano esencial.