La mano negra de los Neuss en la privatización de AySA

El resultado técnico arrojó que el consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX se quedó con la compañía tras ofertar US$340,2 millones, superando los US$285 millones ofrecidos por Roggio.

Sin embargo, ambas propuestas quedaron notablemente por debajo de los US$450 millones que estimaba originalmente el Ministerio de Economía. Ya hay precio para una prestataria clave que abastece a 14 millones de personas, pero se fijó a espaldas de la ciudadanía.

Licitación de AySA: información bajo siete llaves

El proceso estuvo marcado por la negativa sistemática a brindar datos elementales. Así lo advirtió Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia de Buenos Aires, quien señaló que durante toda la licitación fue imposible conocer el valor real del paquete accionario y el estado de los pasivos ambientales, ya que el Data Room quedó blindado exclusivamente para los ojos de los privados.

Ante la falta de respuestas a los pedidos formales cursados bajo la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, las autoridades debieron acudir a la justicia federal mediante un amparo colectivo que aún espera resolución.

Las sombras del consorcio ganador: aportes, negocios cruzados y la mira en los Neuss

Lo poco que trascendió a la luz pública expone un entramado de relaciones comerciales y políticas que amerita una profunda investigación institucional:

• Aportes de campaña bajo la lupa:

  Rowing integra el holding Equo Capital, presidido por Walter Román. Según los registros de la Cámara Nacional Electoral, dos firmas de ese mismo grupo (Direct Group y Lógico) aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025, un vínculo que la Justicia electoral deberá examinar bajo la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• El negocio tarifario oculto:

  Información proveniente del ERAS revela que el grupo adjudicatario espera una re categorización de usuarios por zonas, lo que le garantizaría un flujo de caja extra estimado en US$93 millones anuales. Quien compra ya conoce sus ingresos futuros; quien paga la boleta sigue a ciegas.

• El rol de los grandes jugadores y la sombra de los Neuss:

  Como informó La Nación, Mauricio Filiberti —dueño de Transclor y proveedor histórico del insumo con el que AySA potabiliza el agua desde 2009— también es socio en el control de Edenor. Como AySA es el mayor consumidor de electricidad del AMBA y principal cliente de esa distribuidora, la adjudicación deja a un mismo grupo a ambos lados del mostrador comercial.

A este escenario se le suma el fantasma de los movimientos financieros que ya encendieron polémicas en otras privatizaciones del área energética, como el caso de Transener, donde la mira volvió a posarse sobre los hermanos Neuss tras detectarse millonarios recursos acumulados en reservas estatales previas al traspaso.

El agua es un derecho humano y un servicio público esencial que no puede quedar atado a negociados de espaldas a la sociedad. La adjudicación definitiva aún requiere la revisión final de la Comisión de Evaluación, convirtiéndose en el momento límite para que la valuación, el inventario ambiental y el verdadero esquema tarifario salgan a la luz antes de que se firme el contrato.