Dictan la falta de mérito a De la Rúa por muertes de manifestantes en 2001

El tribunal de apelaciones benefició al ex mandatario con una falta de mérito al entender que la Justicia no investigó lo suficiente para obtener pruebas que justifiquen la acusación en su contra por cinco "homicidios imprudentes" y 117 casos de "lesiones culposas", según la resolución.

De la Rúa había sido procesado por el juez federal de instrucción Claudio Bonadío, quien tomó la causa luego de la excusación de su par María Servini de Cubría. 

En la misma resolución, la sala II de la Cámara declaró además la nulidad de los procesamientos dictados contra ex jefes policiales de la época, René Derecho, Alfredo Salomone, Próspero Trezeguet y Daniel Mancini, quienes habían sido imputados por "abuso de autoridad". 

De esta forma por el momento De la Rúa quedó alejado de la posibilidad de ser enviado a juicio oral como sí ocurrirá con  funcionarios de su gobierno como el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, entre otros. 

Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun entendieron que no hay pruebas para acusar penalmente a De La Rúa por la muerte de los manifestantes Diego Lamagna, Carlos Almirón, Marcelo Riva y Gustavo Benedetto. 

En la decisión puntualizaron que en la causa "no se ha avanzado en sentido incriminatorio hacia De la Rúa en todo este tiempo", durante el cual "sólo una medida de prueba ha sido practicada". 

"No resulta posible convalidar un procesamiento cuando no se ha modificado ni mínimamente el cuadro probatorio que existía cuando se resolvió que no hay suficiente mérito", agregó el fallo. 

Ahora Bonadío deberá decidir si ordena nuevas medidas para profundizar la pesquisa en torno al ex presidente o da por cerrada la investigación y envía a juicio a quienes ya tienen procesamiento confirmado. 

La Cámara resaltó que el único elemento que a su juicio podría comprometer a De la Rúa no fue investigado por la justicia de Instrucción. 

Se trata de una supuesta reunión en la residencia de Olivos entre el primer mandatario y funcionarios "en la que se habría tomado la decisión de reprimir las manifestaciones", según declararon testigos en la causa. 

"Esta era la línea de investigación que se imponía profundizar para determinar responsabilidades exclusivamente de índole penal, y esa tarea nunca se encaró", advirtió la Cámara. 

Los camaristas señalaron que "ninguna medida se dispuso para comprobar o descartar la existencia de aquella reunión o las actividades puntuales a las que el 20 de diciembre de 2001 se abocó el entorno presidencial".