El Gobierno anunció que va a intervenir por el fallo sobre la libertad sindical

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, reveló la decisión gubernamental en una reunión que mantuvo con los jefes de la CTA -uno de los interesados en el posicionamiento de la administración de Cristina Kirchner-, y de este modo puso en agenda un tema que promete ser conflictivo por las contraposiciones planteadas.

De acuerdo a un comunicado difundido por el Ministerio, ese análisis ya fue iniciado esta semana por los equipos técnicos de la cartera laboral, y la próxima semana se encararán estudios similares entre la dirigencia sindical.

La central disidente volvió a reclamar la personería gremial al Gobierno mientras que la CGT ya advirtió que realizará un punteo pormenorizado del fallo judicial para encontrar las herramientas necesarias para garantizar su poder sindical.

Los gremios que se alinean detrás de la figura del camionero Hugo Moyano buscarán que el Gobierno sea el encargado de tomar la decisión política que resuelva de antemano una andanada de presentaciones judiciales que, según afirmaron, "anarquizará" la representación gremial, señalaron.

Un referente de la central obrera oficial, consultado por Noticias Argentinas, admitió que desatarán una "puja política" una vez que hayan encontrado las "mejores herramientas" para resolver el conflicto, aunque enfatizó que aguardarán una decisión del Gobierno para comenzar la batalla.

Prácticamente descartada, una nueva ley de sindicatos es la opción con menos chances para avanzar, habida cuenta que "en este Congreso ya nadie garantiza la sanción de una iniciativa", dijo el gremialista consultado por NA.

"Además, sería un desgaste político que le pegaría de lleno al Gobierno", señaló el dirigente gremial.

El propio abogado de la CGT y diputado oficialista, Héctor Recalde, había anunciado en conferencia de prensa que ya trabajaba, junto a una decena de letrados, en la búsqueda de una herramienta que arroje claridad en el artículo 41 de la ley, aunque fuentes cegetistas señalaron que "por ahora se encuentran sentados sobre la ley".

Las expectativas de la cúpula de la CGT se centran en la aplicación de "vías simples a través de algún decreto que reglamente el artículo en conflicto que preserve el funcionamiento de un delegado gremial".

Según la lectura de la CGT, la medida judicial confirma la personería gremial en manos de esa central obrera ya que entienden que es reconocida para el sector más representativo.

Sin embargo, admiten que se trata de un fallo "sin precedentes" que puede "cambiar la forma de representación", y es por eso que se mantienen en alerta para conocer la decisión gubernamental y adelantan que la presión apuntará directamente sobre el Ejecutivo.

"La Corte abrió una discusión política, y ahora tenemos que ver cuál es la forma que toma. Lo cierto es que este es un efecto político sin alcance jurídico, porque la ley sigo existiendo y lo único que va a generar son pleitos", se quejó un alto referente sindical.

Los dirigentes gremiales reclamarán que "el delegado que dialogue ante la empresa en nombre del gremio tiene que ser afiliado", aunque ya se mostraron derrotados en la libertad para que existan más de un representante: "eso es cosa juzgada".

Los jefes gremiales se quejan porque entienden que existe una avanzada para "fragmentar" a los gremios con la meta de "dividir la negociación colectiva" en los conflictos salariales.

Sin embargo, un dirigente de la central obrera oficial advirtió que el Gobierno deberá definir su postura con una decisión política que "tendrá consecuencias políticas" ante un futuro "complicado".

"El Gobierno no se puede olvidar que el año próximo hay elecciones", disparó la fuente consultada, que recordó el peso de la estructura gremial en el marco de los comicios.