Tras la renuncia de sus abogados, Gil Lavedra asume la defensa de Michetti
El ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra será el nuevo abogado defensor de la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa por el origen del dinero que le robaron de su casa.
Se trata de la causa originada en la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Rodolfo Thailhade y Juan Cabandie para que se investigue el origen de los 245.000 pesos y 50 mil dólares que le fueron sustraídos a la vicepresidenta de su casa particular en noviembre pasado.
Por el caso del hurto está acusado un integrante de su custodia, David Juan Pablo Cruzado.
Días atrás, la Vicepresidenta designó como abogado defensor a letrados del estudio que conduce Pérez Chada, el mismo que defiende al presidente Mauricio Macri en varias causas penales.
Se espera que Michetti presente un descargo en los próximos días, en la causa que ya va acumulando documentación que ha enviado la Inspección General de Justicia y la Oficina Anticorrupción.
El magistrado aguarda que la AFIP le envíe las declaraciones juradas de Michetti correspondientes a los períodos 2014 y 2015 para analizarlas junto a los datos que surgen de la enviada por la OA.
Además en los próximos días, el juzgado pediría las DDJJ de la pareja de la vicepresidenta. Esto es porque Michetti dijo que parte del dinero que le fue sustraído era de un préstamo de su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi.
En el expediente se apunta a las fundaciones Suma, cuyo directorio conforma Michetti, además Creer y Crecer, de Néstor Grindetti, Formar, de Guillermo Dietrich y Fundar Seguridad y Justicia, de Eugenio Burzaco, que tienen en común no haber presentado balances en los últimos años.
La Vicepresidenta ya dijo públicamente que los 200 mil pesos eran de una donación que recibió la Fundación SUMA, que ella presidía; 45 mil eran para pagar una refacción en su casa; y que los 50 mil dólares eran el préstamo de su pareja.
En su imputación, el fiscal Marijuan dijo que la fundación SUMA "registraría escasa actividad estatutaria y apego a las normas que la regulan, en contradicción con sus movimientos financieros".
Por su parte, los denunciantes sospechan que son posibles maniobras de lavado de dinero y/o financiamiento ilegal de la política.
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