Es en el marco de la causa contra consultoras que miden la inflación de manera irregular, según la denuncia.
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pidió la indagatoria del economista Orlando Ferreres en el marco de la causa que se sigue por presuntas irregularidades en la medición de índices de inflación.
El pedido para que se indague en carácter de imputado a Ferreres por el delito de "agiotaje" fue efectuado al juez en lo penal Económico Rafael Caputo.
Moreno puede impulsar y pedir medidas en el expediente porque es querellante en la causa y en otros tres expedientes similares contra consultoras por medir el índice de inflación de manera presuntamente irregular y para generar de manera artificial subas de precios, según la denuncia.
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El funcionario acusa en distintos expedientes a economistas y consultoras de crear un índice de inflación mayor al real que permite aumentar el valor de los títulos públicos y que los poseedores de esos títulos le cobren más al Estado.
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Así Moreno denunció a la consultora Finsoport de Jorge Todesca y, por los mismos hechos, antes lo hizo contra las consultoras Orlando Ferreres y Asociados y Buenos Aires Cityde Graciela Bevacqua, ex funcionaria del INDEC, y M&S, de Carlos Melconián y Rodolfo Santángelo.
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A todos los acusa del delito de agiotaje, que es una especie de fraude económico tendiente a bajar o subir precios, que está penado en el Código Penal con seis meses a dos años de prisión. El funcionario ya pidió la indagatoria de Todesca, Melconián y Santángelom y ahora se suma la de Ferreres.
En tanto, en otro fuero, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó las multas de 500 mil pesos a las consultoras y rechazó un planteo de Moreno para apelar a la Corte Suprema, a pesar de lo cual la Secretaría presentó recursos de queja y fue directamente al máximo tribunal para que defina la cuestión.
Por otra parte, en el fuero criminal federal, el juez Claudio Bonadío tramita una causa contra Moreno iniciada por una denuncia de Todesca por presunto abuso de autoridad, y el magistrado debe resolver la situación del funcionario.
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