Jorge Macri reclamó echar del país a extranjeros sin ciudadanía que delinquen

Y agregó: "Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo".

Por último, Jorge Macri, quien volvió de sus vacaciones en el exterior, resaltó: "Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos".

Qué dice la Ley de Migraciones respecto de las deportaciones

La ley hace una diferenciación entre las personas que tienen residencia en el país y quienes no la tienen. Para los residentes, la norma establece que la expulsión corresponde cuando la persona tiene una condena penal, aunque no se encuentre firme. En ese caso, la Dirección Nacional de Migraciones puede cancelar su residencia.

En el caso de migrantes sin residencia, se establece que cuando un extranjero tiene un procesamiento penal el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación están obligados a dar aviso a la Dirección Nacional de Migraciones.

Con este aviso, la Dirección tiene la facultad de intimar al extranjero a regularizar su situación u ordenar su expulsión. Pero, la orden de expulsión dictada por Migraciones, puede ser apelada ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que es la que tiene la decisión final sobre la permanencia del extranjero.

Ley de Migraciones: Cómo era antes y qué se modificó

Antes de 2004, la Ley de Migraciones establecía que se le podía iniciar un trámite de expulsión a un extranjero sólo en determinados casos: para los residentes, la expulsión se originaba a partir de delitos graves con pena mayor a cinco años, según el Código Penal de la Nación, y para los no residentes los delitos debían tener pena superior a tres años.

El decreto, al que hace mención el Jefe de Gobierno porteño, entre otras modificaciones, estableció que se le puede iniciar un trámite de expulsión a los extranjeros por cometer cualquier delito con pena de prisión.

“Es decir que el antecedente de cualquier delito fue convertido en un obstáculo (para quedarse en el país)”, señala un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Además, en el caso de los no residentes el nuevo decreto incorporó el término "antecedentes", que establece que no es necesaria una condena para iniciar el trámite de expulsión de un extranjero, sino que alcanza con un procesamiento firme.

Allá por el 2018, esto generó gran polémica y provocó que el CELS y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) presentaran un pedido de inconstitucionalidad del decreto ante la Justicia. En primera instancia el juez federal Ernesto Marinelli lo rechazó, luego la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a las organizaciones y dictó la inconstitucionalidad del decreto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) nunca se expidió específicamente sobre este tema, pero ha tenido diferentes fallos respecto a la expulsión de migrantes y señala que cada caso debe ser analizado individualmente.

En síntesis, la Ley de Migraciones actual sostiene que cualquier migrante que delinque puede ser expulsado del país, el decreto firmado por el gobierno de Cristina Kirchner era más riguroso en ese aspecto, por lo que no pasó algunos filtros de la justicia, por lo tanto, lo que sostiene el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por redes sociales carece de realidad.

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