Toman medidas para controlar el financiamiento ilegal de los partidos políticos
La Cámara Nacional Electoral cotejará información financiera de los partidos políticos con otros organismos, para la prevención y sanción del financiamiento ilícito en la política.
Según una Acordada firmada este martes, los camaristas electorales, con el fin de evitar la infiltración de dinero del narcotráfico y otras fuentes delictivas en las campañas electorales, decidieron celebrar convenios de cooperación con la "Unidad de Información Financiera" (UIF) y con la "Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos" (PROCELAC). También pidieron la colaboración de la AFIP, la Anses y la IGJ.
Además se solicitó a los jueces federales de la Capital y del interior del país y a los superiores tribunales "arbitrar los medios para que se informe a esta Cámara de la existencia de cualquier proceso judicial en que sea parte un partido político reconocido, sus apoderados, autoridades o candidatos participantes en la última elección".
"Es relevante que al momento de controlar el financiamiento partidario, los jueces del fuero conozcan la existencia de procesos judiciales que pudieran influir en dicho control, como aquellos en los que esté involucrado un partido político, sus representantes legales, autoridades o candidatos. A tal efecto, corresponde dirigirse a las autoridades judiciales federales y provinciales competentes", indicó la Cámara.
La intención del máximo tribunal electoral es intercambiar datos financieros de los dirigentes, candidatos y donantes a los partidos, como también información sobre investigaciones administrativas y judiciales que involucren a esas personas.
En su decisión, los tres jueces de la Cámara, Rodolfo Munné, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via resaltaron "los avances que nuestra República ha hecho en materia de transparencia y control del financiamiento político partidario", destacando la necesidad de profundizar la política institucional que ese Tribunal viene promoviendo, mediante nuevas estrategias de colaboración con organismos relacionados con la investigación y persecución del narcotráfico, lavado de activos y otras fuentes ilegales de financiamiento.
Con el mismo objetivo, requirió además la cooperación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Inspección General de Justicia (IGJ)" solicitando su colaboración en la implementación de políticas de intercambio de información con la Justicia Nacional Electoral".
La Cámara recordó que en lo que constituye materia de auditoría y régimen de sanciones, los datos de 2003 a la fecha indican que se dictaron 6450 resoluciones judiciales aprobando rendiciones de cuentas y otras 3500 declarando pérdidas de aportes públicos por desaprobación; así como la aplicación de 3060 multas y 3440 suspensiones de aportes.
Luego advirtió sobre distintas modalidades de financiamiento ilegal -especialmente en las campañas electorales- por medio del fraccionamiento de recursos simulando donaciones de varias personas; el uso de cuentas paralelas que no figuran en los registros contables de la campaña y cuyo titular no es la agrupación política respectiva; la malversación de recursos de la campaña; el reemplazo de aportes lícitos por otros de ilícita procedencia; así como la financiación con dineros provenientes del extranjero y de origen criminal.
En particular, se advirtió que "el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero tienen una creciente incidencia en algunos países de la región" y que "uno de los problemas más serios que afronta el estudio de la financiación ilegítima de la política".
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