La Fiscalía retiró el pedido para que Cristina Kirchner cumpla la condena en una cárcel
Sigue vigente la solicitud para que se cambie el domicilio de la prisión domiciliaria por falta de seguridad el barrio de Constitución.
La Cámara Federal de Casación Penal retiró el pedido para que Cristina Fernández de Kirchner cumpla en una cárcel común su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad.
La decisión fue comunicada a través de un escrito presentado por el fiscal general Mario Villar en el tribunal minutos antes de que se inicie la audiencia oral donde deberá definirse las condiciones para la prisión domiciliara, como la validez del uso de la tobillera electrónica, el régimen de visitas y la elección del domicilio del barrio porteño de Constitución.
El criterio de Villar se opone a las consideraciones de sus colegas, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían apelado a la prisión domiciliara con la que se benefició a la exmandataria.
Tras la presentación del fiscal Villar, la Cámara Federal de Casación Penal ya no tiene la posibilidad de analizar la modalidad de detención, por lo que Cristina Kirchner se asegura así su continuidad en prisión domiciliaria.
El fiscal sí se mantiene vigente el pedido para que Fernández de Kirchner cumpla su condena en otro domicilio y no en su departamento del barrio porteño de Constitución.
“En lo que a una pretensión de mayor seguridad para la condenada respecta, es cierto que el domicilio actual no aporta mayores garantías (sobre todo si la condenada realiza numerosas salidas a su balcón que aun con derecho a hacerlo, incrementa el riesgo), pero también lo es que la sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución, por lo que creo desaconsejable imponer en este momento un cambio que redunde en desmedro del desarrollo personal de la condenada y su proyecto de vida”, especificó Villar, según el documento al que tuvo acceso Infobae.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado a la Cámara de Casación que se revocara la prisión domiciliaria y que la exmandataria cumpliera su condena “en una unidad carcelaria”. Habían argumentado “falencias de seguridad” y habían exigido que, en caso de que no se haga lugar al pedido, se disponga otro domicilio para que cumpla la pena.
Fernández de Kirchner está cumpliendo la condena en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, según lo dispuso el Tribunal Oral Federal N°2.
Luciani y Mola indicaron que desde el Ministerio de Seguridad se informó una serie de penales en los cuales Cristina Kirchner podría cumplir su condena. Al respecto, señalaron que “no se ha demostrado que las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan un trato inhumano”.
Una vez más, hicieron hincapié en que el argumento de los 72 años es un requisito no obligatorio, sino una facultad del juez.
“Concretamente, es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso. Su situación (sin dejar de ponderar las particularidades que presenta cada una de las personas condenadas) no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso, que se han presentado a cumplir la pena y fueron alojados en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal", sostuvieron Luciani y Mola.
Por otro lado, “en caso de no hacerse lugar a la revocación de la prisión domiciliaria que aquí reclamamos, es que se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria, que mitigue las falencias de seguridad advertidas”, plantearon los fiscales.
En este sentido, Luciani y Mola presentaron imágenes de las concentraciones frente al domicilio, con militantes subidos a los balcones y terrazas de viviendas linderas.
En su justificación, cuestionaron "cuán resguardada se encuentra la seguridad personal" de Cristina "si se tienen en cuenta las constantes aglomeraciones de personas en las inmediaciones del domicilio en el que debe ejecutarse la pena y en el que ocurrieron escenas preocupantes, tales como escalamientos de personas hacia propiedades linderas".
Señalaron que "el barrio de Constitución carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia", más aún cuando "la detención de una figura política de alta visibilidad atrae concentraciones masivas de partidarios".
Además, citaron un informe de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires donde se indica que las constantes manifestaciones afectan los servicios de recolección de residuos y el paso de ambulancias, así como también existen denuncias de vecinos por ruidos molestos.
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