La Justicia interviene en la crisis del Hospital Bonaparte: habilitaron la feria
La intervención del Hospital Bonaparte marca un punto crítico en el sistema de salud mental, tras los despidos masivos y la denuncia de condiciones preocupantes por parte del CELS.
Abrazo al Hospital Bonaparte
La Justicia habilitó la feria judicial para analizar una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en relación con la situación crítica que enfrenta el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte. Esto ocurre tras el despido de 200 trabajadores y la posterior intervención del establecimiento por parte del Gobierno de Javier Milei.
En su escrito, el CELS destacó que los despidos masivos y las políticas de ajuste del gobierno generaron un impacto profundo en los servicios del hospital, incluyendo áreas clave como guardias, internación, farmacia y atención de urgencias.
Según la organización, esta situación contradice la Ley de Salud Mental, que garantiza el acceso igualitario y gratuito a los servicios de salud.
En paralelo, el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, justificó la intervención del Hospital Bonaparte bajo la Resolución 360/2025, argumentando una "sobredotación de personal" en servicios con baja ocupación.
Según el informe oficial, había 109 empleados destinados a un área con solo 55 camas y una ocupación promedio de 19 pacientes al mes. La intervención, que durará un año, estará encabezada por Mariano Bruno Pirozzo, limitando las funciones del director actual, Christian Baldino.
El comunicado del CELS
El gobierno nacional dispuso la intervención del hospital de Salud Mental Laura Bonaparte argumentando exceso de personal para cumplir las tareas, mientras que el poder judicial autorizó abrir la feria para analizar el planteo del CELS en el que se sostiene que después de los últimos 200 despidos están en grave riesgo la continuidad de los tratamientos y el funcionamiento de todo el hospital.
Después de los despidos notificados el jueves 16 de enero nos presentamos ante el Poder Judicial para solicitar la habilitación de la feria y que se dicte una medida cautelar que impida al Estado reducir el personal de los diferentes equipos interdisciplinarios. Con el despido de psicólogos y psicólogas, médicos clínicos, psiquiatras, farmacéuticos, trabajadores sociales, enfermeras y enfermeros, el hospital pierde a un tercio de su planta dejando varios servicios sin operar. Por las consecuencias que eso tiene en las personas usuarias del Bonaparte y por la afectación que provoca al derecho a la vida y a la salud pedimos una intervención judicial urgente.
En la presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal explicamos la situación crítica en la que entraron los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia. Eso incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental.
Las políticas de ajuste del gobierno de Milei provocaron una “reestructuración” dentro de distintas áreas del Ministerio de Salud, que contempló el despido de 1400 profesionales, entre ellos los del Hospital Bonaparte. La medida alcanza a otros espacios que ya sufrieron despidos desde el comienzo de la gestión, como el Hospital Posadas, pero también a otras áreas del propio Ministerio y de PAMI, y otros hospitales como el Español, Sommer, la Superintendencia de Servicios de Salud, Sedronar, entre muchos otros.
En octubre, cuando el gobierno intentó el cierre del Bonaparte argumentó que el hospital atendía a pocas personas, algo que está alejado de la realidad. Durante el 2024, el hospital atendió más de 100.000 consultas de manera ambulatoria. Entre ellas hay 1.500 pacientes con consultas farmacológicas por mes, 5.013 atenciones odontológicas y 1.431 análisis de laboratorio. También atendió a 514 pacientes en internación y 482 en salas de observación de Urgencias. Entre todas las personas usuarias hay niños, niñas y adolescentes que requieren atención de salud mental. El Bonaparte es el único hospital de esa especialidad en el AMBA.
Cuando se produjo ese primer intento de cierre, desde el CELS presentamos un hábeas corpus por el agravamiento de las condiciones de internación. El juez a cargo de la causa pidió información al hospital y ante la falta de respuesta, se la requirió al Ministerio de Salud, que solo contestó que “estaba garantizado el servicio en las áreas de internación y de guardia”. Ante los despidos masivos y la nueva situación, también presentamos un pedido de intervención a la CIDH y al Alto Comisionado y la Relatora de Salud de Naciones Unidas.
La lucha social y del colectivo de trabajadores y trabajadoras frenó en octubre el intento del gobierno por cerrar el Bonaparte y lo sostiene en la delicada condición en que está actualmente. Para que el hospital siga cumpliendo sus funciones es imprescindible que el poder judicial ahora analice el reclamo y ordene garantizar la capacidad de atención con las que contaba antes de la decisión estatal de “reestructurar” los servicios del Bonaparte. Este nuevo ajuste del gobierno impacta sobre miles de usuarios y usuarias que acuden a diario para recibir atención sobre su salud mental y no tienen otra alternativa.
La intervención del Hospital Bonaparte
El Plan de Eficiencia de Hospitales 2024-2025 también incluye la revisión de contratos de servicios tercerizados, como limpieza y seguridad, que podrían representar un ahorro de $760 millones, según estimaciones del Gobierno.
Sin embargo, estas medidas han generado una fuerte polémica en el ámbito sanitario, al ser vistas como un debilitamiento de los derechos de acceso a la salud mental.
La habilitación de la feria judicial y la respuesta del CELS apuntan a frenar una reestructuración que podría dejar a miles de pacientes en situación de vulnerabilidad. La resolución final de este conflicto será clave para definir el rumbo de la salud pública en el país.
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