Liberación de represores genera polémica entre la Justicia y el Gobierno
*Un ministro de la Corte Suprema y Elisa Carrió responsabilizaron al Congreso por la demora en dictar normas procesales.
* En tanto, Anibal Fernández apuntó a sectores conservadores de la Justicia.
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Por NA
La decisión de la Cámara de Casación Penal de liberar, entre otros, a los represores Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta, generó una polémica entre funcionarios de la Justicia, miembros del Poder Ejecutivo y políticos de la oposición, quienes discuten a cuál de los tres poderes debe rcaerle la responsabilidad de la medida.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, atribuyó a una "falta" en el Congreso y a "inacción" judicial la situación que derivó en una orden para liberar a los represores. La política consideró que los legisladores tendrían que haber tomado "disposiciones" para acelerar los juicios por violaciones a los derechos humanos y sostuvo que también hubo "inacción" en la Justicia.
"Si las leyes establecen esos períodos, acá hay inacción de la Justicia y una falta del Congreso para tomar disposiciones especiales en materia de delitos de lesa humanidad", enfatizó la líder de la Coalición Cívica. Evaluó en ese sentido que "si no hay juicio, hay inacción de la Justicia y la ley prevé estas disposiciones".
En el mismo sentido se exprsó el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, quien reclamó a los legisladores que dicten "las normas procesales necesarias" para agilizar juicios.
"Es sumamente importante que el Congreso dicte las reglas procesales necesarias. Hay 800 juicios parados y no es culpa nuestra, es culpa del Congreso que no ha dictado las normas procesales necesarias", se quejó Fayt.
En declaraciones periodísticas formuladas esta mañana en la puerta de los Tribunales porteños, el magistrado advirtió además que el país "no puede intranquilizarse" ya que los represores "siguen detenidos".
Por el contrario, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, salió al cruce de Fayt al asegurar que el Congreso nacional no tiene responsabilidad en la orden de liberar a represores, y apuntó contra "jueces que no han estado a la altura de las circunstancias".
"El Congreso sancionó cinco leyes para acelerar los juicios. La culpa está en la Justicia, que han permitido chicanas", en los juicios contra represores, enfatizó Fernández.
El funcionario advirtió que "los juicios se hacen de chicle" a partir de acciones de las defensas de los repersores y que ante eso hay "jueces que no han estado a la altura de las circunstancias".
En forma paralela, Fernández aseguró que el Gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, hará "todas las presentaciones del caso" para que los represores "sigan detenidos".
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