Más procesamientos por los autos diplomáticos

El magistrado procesó por el delito de "contrabando agravado" a Alejandro Amiano, quien en carácter de representante de una funcionaria administrativa de la República de Bulgaria se habría encargado de introducir al país una camioneta Hummer Modelo H2.

También fue procesada por el mismo delito una escribana, por haber intervenido en la firma del poder que la funcionaria le concedió a Amiano para realizar diversos trámites a su nombre.

Brugo tomó la determinación pese a que la Cámara Federal ya le ordenó apartarse de la investigación y dispuso que el sumario se unifique en el juzgado a cargo de Norberto Oyarbide, que investiga el presunto delito de "asociación ilícita".

Por el momento, el juez del fuero en lo Penal Económico aún no remitió parte del expediente a Oyarbide, sino que corrió vista a la fiscalía (la cual ya votó porque la causa continúe dividida en dos), a la querella representada por la Aduana y a más de 40 defensas.

Según la resolución a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, la diplomática "había autorizado a Amiano (entre otros) para que en su nombre y representación realizaran ´todos los trámites de despacho a plaza y retiro del automóvil de mi propiedad, como así también la posterior nacionalización del mismo´".

Amiano habría inscripto el vehículo a nombre de la diplomática, luego de que esta le concediera un poder, ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

Luego realizó la transferencia por un valor de 130.000 dólares a un comprador, quien fue sobreseído por el juez al considerar que "no resulta posible afirmar que el nombrado debía presumir que tal rodado era proveniente de un contrabando".

Para el juez Brugo es claro que "la funcionaria nunca habría tenido en miras la utilización del vehículo en cuestión y que aquél sería comercializado en plaza para ser adquirido por un particular".

Hubo un "ardid llevado a cabo para burlar el control aduanero y lograr de este modo el ingreso y posterior nacionalización del rodado libre de gravámenes" y para ello se trató de "simular ante el servicio aduanero que el rodado sería destinado al funcionario extranjero".

Además, Brugo hizo hincapié el beneficio económico para el principal imputado, Amiano, puesto que por la Hummer se pagaron 29.510 dólares y a los pocos meses se la vendió al particular a unos 130.000 de la moneda extranjera.

En tanto, la participación de la escribana "encuentra fundamento en que aquella intervino para la confección del poder otorgado por la funcionaria diplomática y la certificación de documentación de ésta", explicó el juez.

Consideró que la mujer "se habría representado, seriamente, como posible, el propósito que se habría intentado conseguir con la extensión del mismo y pese a esto habría intervenido aceptando por lo menos el riesgo de producción de resultado típico".

Ante ello, procesó al representante de la funcionaria diplomática y a la escribana por el delito de "contrabando agravado" y les fijó un embargo a cada uno de 501.670 pesos.

"Las pruebas colectadas permiten suponer que en el caso bajo estudio se habría desnaturalizado el régimen de franquicias diplomáticas, toda vez que el vehículo no fue ingresado para el uso de la funcionaria diplomática, sino que desde un principio habría sido tramitada esta importación con miras a comercializar en plaza el automotor", concluyó Brugo.

Asimismo, dispuso el sobreseimiento del comprador de la camioneta Hummer, al considerar que éste actuó en buena fe puesto que "habría comprado el vehículo en una agencia de automóviles, le fue entregado con boleta de venta correspondiente por el precio que lo adquirió y que no hubo obstáculo alguno para la transferencia de su dominio".