Mesa Judicial M: piden la inhibición de bienes de Pepín y que no pueda salir del país

Política

La medida contra el operador de la Mesa Judicial M fue solicitada a partir del resultado de los entrecruzamientos de llamados. El 26 de mayo deberá prestar declaración indagatoria.

El abogado Carlos Beraldi solicitó a la jueza María Servini que prohíba la salida del país e inhiba los bienes del operador de la Mesa Judicial M, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, luego de que se conociera el entrecruzamiento de llamados que demuestra la correlación de sus comunicaciones con los hechos vinculados a la persecución del Grupo Indalo y sus accionistas desde el 25 de octubre de 2015.

En un escrito fundado a los largo de 19 carillas, el abogado de Fabián De Sousa sustenta el pedido en la “verosimilitud” de los hechos investigados que conllevarían a una eventual condena de “cumplimiento efectivo” y a las posibilidades de que Rodríguez Simón pueda entorpecer el avance de la causa teniendo en cuenta que formaba parte de la “mesa judicial” del macrismo desde la cual ejercían presiones sobre jueces y fiscales.

Vale recordar que en esta causa Servini citó a Rodríguez Simón para indagatoria el próximo 26 de mayo por la presunta comisión del delito de asociación ilícita en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del gobierno de Cambiemos sobre los accionistas del Grupo Indalo.

El cruce de llamados es la prueba técnica que da sustento a la sucesión de hechos por los cuales se investiga una asociación ilícita encabezada por Mauricio Macri que tuvo por objetivo hacer colapsar a todo el holding de Cristóbal López y Fabián De Sousa, desguazarlo y hacerse de sus activos, maniobra que tuvo parcial éxito.

Beraldi relata de manera pormenorizada la cronología de la extorsión a la que fue sometido el consorcio empresarios y sus dueños por no aceptar la exigencia de Macri de cambiar la línea editorial de los medios del grupo para “destruir la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y, de tal manera, que ésta pudiera terminar presa”.

“A comienzos del año 2016, el imputado Rodríguez Simón, quien como es de público conocimiento mantiene desde hace muchos años una estrecha relación con Mauricio Macri, continuó con los aprietes en contra de Cristóbal López”, relata Beraldi.

Además cuenta que en una reunión con Federico De Achával, socio de López en las empresas del juego, Rodríguez Simón se presentó diciendo “yo soy Macri”, y advirtió que “desplegarían todas las posibilidades del gobierno para tomar medidas y también lo complementarían con un ataque mediático o difusión de situación mediáticamente en detrimento de las empresas y personas”.

“En otras palabras, se trataba de una verdadera extorsión, en la cual el imputado Rodríguez Simón, haciendo alarde de sus conexiones con el poder político de turno, quería imponerles a sus interlocutores que estos desarrollaran determinadas conductas bajo la amenaza de sufrir un daño grave e inminente”, enfatizó en el escrito presentado ante Servini.

Después de relatar otras reuniones en donde Rodríguez Simón siguió con la “extorsión”, Beraldi sostiene que “hay cosas todavía más graves” y subraya que “también habrá que determinar de qué manera Fabián Rodríguez Simón y sus cómplices influyeron en el dictado de las decisiones judiciales tomadas en contra de las empresas del Grupo Indalo y sus accionistas, entre ellas, las que derivaron en la quiebra de Oil Combustibles S.A. y, de manera muy particular, la prisión preventiva dictada sobre López y De Sousa a partir de un hecho absolutamente falso, tal como quedó demostrado en este mismo fuero en el marco de la causa N° 20.509/2017”.

En esa línea, Beraldi agrega que “más allá del cambio de gobierno, no se tiene certeza de que los integrantes de esa otrora mesa judicial hayan perdido su capacidad de interferir en la marcha normal de las causas judiciales”. “Ello también pone en evidencia los riesgos procesales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar la presente solicitud”, indica el escrito.

En cuanto a la inhibición de bienes, Beraldi indica que “también resulta imprescindible asegurar una eventual reparación de los daños y perjuicios que han ocasionado las graves conductas prima facie delictivas aquí investigadas”.