¿Cómo es el Código Procesal Penal que propone el Gobierno?
Es una "figura que va a generar controversia" reconoció la Presidenta al anunciar que el proyecto fue girado al Congreso. Prevé, además, "que si los fiscales y los jueces no cumplen con los plazos" de cada caso puntual, recibirán "sanciones graves". Todas las decisiones serán orales y en audiencia pública.
El nuevo código contemplará la expulsión del país para los extranjeros que sean sorprendidos "in fraganti" es decir, "con las manos en la maza" cuando cometen un delito y dispondrá que "no podrán volver a ingresar a la Argentina por 15 años y si lo hacen, serán juzgados por ese delito".
"Es una protección que merece el conjunto de los argentinos frente a lo que se ha venido observando como un fenómeno creciente de extranjeros que ingresar al país para delinquir", fundamentó la mandataria en un claro guiño a la propuesta que lanzó meses atrás el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni.
La jefa de Estado también aclaró que el nuevo Código tendrá "sanciones graves" como la destitución de jueces o fiscales "que no actúen como es debido".
"Que el ciudadano tenga la certeza de que hay instrumentos legales que lo protegen y que puede reclamarle a ese juez y fiscal cuando no actúan como es debido. Y cuando ese fiscal y juez no actúan como es debido, en lugar de enojarse e ir a un programa de televisión, lo importante es tomar las medidas para que ese mal juez o mal fiscal que está demorando la Justicia, deje de ser fiscal o deje de ser juez, que es lo que está reclamando la sociedad", enfatizó Cristina.
Además, la iniciativa introduce el principio de oportunidad procesal, que habilita al Ministerio Público a desistir de la acción pública por insignificancia u otras causales, aspecto que permitirá que los fiscales puedan aplicar una política criminal estratégica, de forma tal de dar preponderancia a la persecución de delitos más graves y la complejidad del crimen organizado.
También prevé la posibilidad de convertir la acción pública en privada para determinados delitos, y regula la conciliación como una forma alternativa de resolución, destacó la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Los jueces dejarán de investigar y pasarán a transformarse en jueces de garantías: serán quienes deban autorizar o denegar determinados requerimientos de parte del fiscal, que tendrá a cargo la instrucción de la causa y la persecución penal integral.
El Ministerio Público de la Defensa también tendrá mayores facultades para intervenir en el proceso, generar investigaciones propias y establecer mecanismos de organización útiles para el servicio de defensa pública oficial.
Las asociaciones y fundaciones podrán ser querellantes en las investigaciones de delitos de lesa humanidad o en causas por violaciones graves a los derechos humanos, en tanto que además se garantizará que las costumbres de los pueblos originarios sean tenidas en cuenta cuando los hechos involucren a sus miembros.
Las víctimas tendrán herramientas para intervenir en caso de que se sobresea al imputado; los riesgos procesales como el de entorpecer la investigación y el peligro de fuga de los imputados estarán regulados con pautas objetivas; y la investigación no podrá durar más de un año.
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