Hacer del control de armas un objetivo central del Estado

Política

Paola Spátola, especialista en Seguridad y titular del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana, analiza el debate en torno a la tenencia de armas y la justicia por mano propia luego del insólito episodio de Menganno días atrás.

La cruzada por el desarme es una cuestión de carácter global.

Semanas atrás se lo observó con claridad en las 23 medidas firmadas por el presidente de los Estados Unidos, donde se expresó de forma contundente que el control por las armas civiles debe ser una política de Estado a largo plazo.

Esta iniciativa se tomó en un país donde hay más de 200 millones de armas en manos de la ciudadanía (sobre una población total de 310 millones), según datos del FBI, y la reciente masacre de la escuela de Sandy Hook en la que fallecieron 28 personas, incluidos 20 niños, ha enconado más aún las posiciones de unos y otros.

En Argentina, según fuentes oficiales, son algo más de 784.000 los civiles que figuran en el Registro Nacional de Armas (RENAR) como usuarios legales. El número de armas que tienen en su poder estas personas asciende a 1.070.830. Esto se debe a que cada usuario tiene permitido portar más de un arma.

El concepto fundamental que está en debate en el mundo de hoy, es si armarse es sinónimo de preservar la vida de uno o de alguno de los miembros de nuestra familia. Mi respuesta es negativa.

Pensar que armarse es un recurso idóneo para enfrentar el delito es totalmente erróneo.  Está fehacientemente comprobado que tener un arma en la casa, en el taller o en el vehículo, es sumar un problema más que encontrar una solución. Con las armas en casa se arriesga tener un accidente que involucre a nuestro hijos o que un delincuente, al encontrarla, la use en nuestra contra.

La verdad es que las armas dispensan una falsa sensación de seguridad que registra escaso correlato con las estadísticas y lo que ocurre en la vida real.

Aunque cada vez que nos enteramos de un delito aberrante nuestras vísceras nos digan lo contrario, debemos repetirnos NO a las armas.

El control de armas surge como un objetivo central del Estado para brindar seguridad a una sociedad que reclama vivir en paz y en tranquilidad.

Una política de control de armas es uno de los ejes principales de cualquier estrategia integral de seguridad. No se puede pensar en cuidar al ciudadano sin garantizar una estricta vigilancia sobre el armamento de uso civil disponible. Revalorizando a partir de ello el valor de la vida y enviando un certero mensaje de que el poder de las instituciones está por encima de las fuerzas criminales.

Hace más de una década que vengo trabajando en esta dirección mirando a Brasil como pionero en esto a partir de su plan federal de desarme civil.  A mi ingreso a la Cámara de Diputados inicie esta cruzada junto a diferentes ONGs, padres de víctimas de delitos violentos por abuso de armas de fuego, encontrando en el presidente Néstor Kirchner, un verdadero apoyo plasmado en el envío al parlamento del plan nacional de desarme.

El Programa de Entrega Voluntaria de Armas de fuego, logró tener una buena recepción en la sociedad y sus resultados al día de hoy son de 141.082 armas de fuego y 1.098.193 municiones recibidas de manera anónima y voluntaria a cambio de un incentivo económico.

Hoy podemos decir que Argentina es un ejemplo a seguir en este tema, que hay mucho por hacer, sin dudas, pero se ha iniciado un camino que lejos de interrumpirse, se ha profundizado. Un claro ejemplo es que en el año  2000 se vendían 200.000 armas nuevas por año. Actualmente, no supera las 20.000.

La política pública de seguridad exige profundizar esfuerzos, con una dosis mayor de pragmatismo que otros temas de la vida cotidiana. Esta no es una cuestión abstracta que pueda resolverse consultando libros en las bibliotecas ni organizando exposiciones doctrinarias. Hacen falta decisiones rápidas, que tomen funcionarios con nombre y apellido que se hagan  responsables de sus consecuencias.

Como dirigentes políticos y como especialistas en materia de seguridad, no debemos dejar de escuchar los reclamos de la gente y trabajar en conjunto para solucionarlos. Sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no podremos forjar un país con instituciones sólidas, con justicia social y con desarrollo económico. Esta es nuestra responsabilidad y debemos hacernos cargo.

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