La directora de Cultura y Educación bonaerense, Nora de Lucía, ratificó que apelarán el fallo que impide hacer las reducciones salariales, amparados en una resolución de 2009.
La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Nora de Lucía, sostuvo este martes que el Gobierno provincial tiene "la obligación de descontar" los días de sueldo a los docentes que realizaron paros durante octubre y noviembre, por lo que ratificó que apelarán la medida judicial que ordenó lo contrario.
De esta manera, De Lucía salió al cruce de la decisión de la justicia en lo Contencioso Administrativo platense, que el lunes ordenó al gobierno de Daniel Scioli que no aplique descuentos salariales a los maestros que adhirieron a las huelgas.
"Tenemos la obligación de descontarlas porque hay una resolución del año 2009, norma que si bien reconoce el derecho a huelga, establece que cuando no hay contraprestación de servicios no hay retribución salarial", afirmó la funcionaria en declaraciones radiales.
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En ese sentido, De Lucía ratificó que la administración bonaerense apelará la medida judicial: "La vamos a apelar a través de la Fiscalía de Estado y ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de esta capital y haremos lo que la Justicia nos demande".
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La resolución del titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, Luis Arias, dispuso además un plazo de cinco días para que el Gobierno bonaerense reintegre los descuentos efectuados en los salarios docentes.
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La presentación fue realizada el viernes pasado de manera conjunta por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que integran el Frente Gremial, sobre los paros de los días 23 y 24 de octubre y 22 y 23 de noviembre.
En su fallo, el juez consideró que la "admisión" de los descuentos "implicaría, en cierto modo, la supresión del derecho de huelga, sin que aprecien justificadas sus razones, mediante el dictado del acto administrativo que habilite dicho accionar".
Agregó que su "limitación", en la retribución salarial, "agravia la dignidad del individuo, a impedirle el goce pleno de los derechos que le aseguren un nivel de vida adecuado para su subsistencia y la de su grupo familiar".
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