Piden 17 años de cárcel para el apropiador de un actual legislador

Un exámen de ADN efectuado en 2004, luego que el Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Eduardo Luis Duhalde, impulsara la pesquisa, reveló, con un grado de certeza del 99 por ciento, que el joven, entonces de 26 años, era hijo de Damián Abel Cabandié y Alicia Elena Alfonsín.

Los cónyuges habían sido secuestrados a fines de diciembre de 1977 y estuvieron en centros clandestinos de detención ("El Banco", "El Atlético"), hasta que la mujer, embarazada de siete meses al momento de la privación ilegal de la libertad, fue trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA).

En la maternidad que funcionaba en la ESMA, en marzo de 1978, y en un parto en el que habría intervenido el médico naval Jorge Luis Magnazo, Alfonsín dio a luz a un niño, al que llamó "Juan", pero que semanas después -tras veinte días de amamantamiento- le fue sustraído y, luego, anotado por el acusado como Mariano Andrés Falco.

En su declaración testimonial, el hijo de desaparecidos manifestó que venía sospechando que no tenía parentesco biológico con Falco porque el ex policía le brindaba un "trato diferencial" -violencia verbal y física- con respecto a su "hermana", aunque el acusado era "denigrante y autoritario" con toda la familia.

Las dudas se incrementaron porque el joven, a diferencia de su hermana, no tenía fotografías correspondientes a los días posteriores a su nacimiento.

En 2003 el joven decidió preguntarle a Perrone si realmente ella era su madre y, luego de algunas mentiras y titubeos, la cónyuge del acusado le comentó que había sido su marido (del que estaba separada) quien hizo todo el trámite con la anotación y le expresó su deseo de ayudarlo a conocer a su familia de sangre.

Indagada, Perrone expuso su desconocimiento sobre la ilicitud de la conducta que habría perpetrado su marido (para ella se trató de una adopción) y fue sobreseída.

Falco aseguró que desconocía el origen del bebé o que estuviera relacionado con actividades delictivas y también argumentó que se trató de una adopción, pero Canicoba Corral lo procesó por el hecho y, en noviembre de 2006 por la Sala II de la Cámara en lo Criminal Federal confirmó esa medida.

Para formular la acusación, Rívolo se basó en las pruebas -inclusive la confesión de Falco- reunidas en el sumario, que, a su criterio, "permiten asegurar que se encuentra plenamente acreditada la imputación" contra el procesado.

Tras recalcar que Falco sabía del origen del recién nacido, el fiscal sostuvo que "ninguna persona puede ser privada de sus lazos familiares ni sacada de la tenencia legal de quienes tienen ese derecho sin mediar la orden de un juez".

Rívolo agregó: "es verdad que la costumbre de esos años fue la de mantener el silencio sobre el verdadero origen de esos chicos, así como el destino de sus padres desaparecidos" y que "quebrar la ley, desconocer las instituciones, desvalijar al Estado, fuera lo usual, pero -destacó- ello no genera derechos de ningún tipo ni eximen de responsabilidad".

Falco, afirmó el fiscal, "mantuvo a ese niño en su poder sin dar a conocer a sus verdaderos familiares esta situación", lo que constituye los delitos de "retención y ocultamiento de un menor sustraído" y "alteración de su estado civil".

Rívolo recordó, además, que Falco tenía relación amistosa con el subcomisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo-Tolosa quienes durante su niñez, de acuerdo a testimonios, compartían juegos con Juan Cabandié Alfonsín.