Qué implican las leyes que fueron vetadas por Javier Milei: todos los detalles
Mientras el Gobierno advierte sobre el supuesto impacto fiscal, la Cámara de Diputados avanza en el debate de los vetos presidenciales.
La Cámara de Diputados se encuentra este miércoles en una sesión clave en la que debate los vetos del presidente Javier Milei a varias iniciativas que habían sido aprobadas previamente. Entre ellas, se encuentran la extensión de la moratoria previsional, la Ley de Emergencia en Discapacidad (veto ya rechazado por la Cámara baja), la reconstrucción de Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo y el aumento de jubilaciones, todas medidas que generan un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición.
Mientras los diputados opositores buscan revertir los vetos, desde el Gobierno insisten en que la sanción de estas leyes podría poner en riesgo la meta de déficit cero, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que “no hay fondos para hacer frente a esos gastos si la Cámara Baja ratifica las normas”.
Moratoria previsional
Uno de los puntos que genera mayor controversia es la prórroga de la moratoria previsional, medida que permite acceder a la jubilación sin haber completado los 30 años de aportes obligatorios. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la extensión por dos años tendría un costo estimado de $1,8 billones (0,191% del PBI), producto de la incorporación de poco más de 462 mil nuevos beneficiarios al sistema previsional. La discusión refleja la tensión entre garantizar derechos previsionales y la preocupación oficial por la sostenibilidad fiscal.
Ley de Emergencia en Discapacidad
Otro de los proyectos que genera debate es la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo veto fue rechazado por la oposición y que ahora deberá tratar el Senado. La norma declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y contempla un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Además, establece que estas pensiones serán compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos. La pensión no contributiva por invalidez/discapacidad actualmente es de $220.013,76, sin contar el bono de $70.000.
La ley habilita nuevas altas de pensión, con un costo que oscila entre 0,28% y 0,51% del PBI, y se estima un aumento de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios. Según la OPC, considerando la reciente suba de haberes previsionales, el gasto total podría ubicarse entre $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI).
Emergencia por inundaciones en Bahía Blanca
En lo que respecta a la reconstrucción de Bahía Blanca, la iniciativa obtuvo media sanción en el Senado el 7 de mayo y fue aprobada en Diputados el 4 de junio con 153 votos afirmativos y 32 negativos.
Milei presentó el veto argumentando que el Gobierno ya había creado el 1° de abril un fondo de $200.000 millones desde la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, destinado a atender las consecuencias de las inundaciones. La discusión refleja la tensión sobre la duplicación de recursos y el control del gasto público en emergencias.
Aumento de las jubilaciones
En cuanto al aumento de jubilaciones, el proyecto aprobado por ambas cámaras contemplaba un incremento del 7,2%, eleva a $110.000 el bono para quienes perciben el haber mínimo y extiende la moratoria por dos años. En agosto, la jubilación mínima es de $314.243,51, pero si se revierte el veto pasaría a $446.869, combinando el aumento de $336.869 y el bono congelado desde marzo de 2024, que perdió 40% de su poder de compra.
Distribución de ATN y recaudación del impuesto a los combustibles
Además, en la misma sesión, Diputados debate dos iniciativas impulsadas por los gobernadores: el proyecto de ley para la coparticipación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y un nuevo esquema de reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles. Ambas cuentan con media sanción del Senado y forman parte de un paquete que busca redefinir la distribución de recursos entre provincias y la Nación, con un fuerte impacto sobre la gestión fiscal local.
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