Restituyeron en su cargo al polémico juez Rafael Sal Lari
El magistrado había sido suspendido en abril de 2011 ante las denuncias por mal desempeño.
"Sal Lari ensució el nombre de los demás jueces", señaló Perrone.
Por su parte, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, consideró que el magistrado no fue absuelto porque no se trataron los nueve casos que se presentaron para comprobar su mal desempeño.
Por su parte, Sal Lari consideró que el proceso "se resolvió como se debía resolver", al tiempo que indicó que estaba seguro de que "iba a terminar así".
El proceso se inició en julio pasado, cuando la Comisión Bicameral de la provincia no sostuvo ninguno de los cargos que se habían presentado contra el magistrado, por lo que la defensa del juez pidió su absolución.
Sin embargo, el Jury debió tomar en cuenta las acusaciones presentadas por el intendente Posse y Carla Regis, hija del ingeniero asesinado durante un asalto en Béccar en 2008 por dos delincuentes, de los cuales uno de ellos había sido liberado por el magistrado antes de que se cometiera el crimen.
En su denuncia, la familia Regis argumentó que si el delincuente no hubiera salido en libertad, el homicidio no hubiera ocurrido, ante lo cual el defensor de Sal Lari calificó de "débil" esa postura al remarcar que el magistrado "no puede hacer futurología".
Asimismo, el presdiente de la Suprema Corte y del Jurado, Eduardo de Lázzari, notificó a Posse que debía depositar una caución de 180 mil pesos para continuar con el juicio y le dio un plazo de cinco días desde el 12 de julio último para que el Intendente lo concrete.
Posse se negó a depositar el dinero en acuerdo con la organización Madres del Dolor, que repudiaron la medida.
"Si debido a los 180 mil pesos no tenemos los mismos derechos que los jueces, no tenemos ese dinero y si lo tenemos no lo queremos depositar porque hay gente que se muere de hambre, si quiere blanquear su nombre, que lo deposite él", relcamó Perrone.
Sal Lari fue suspendido en su cargo en abril de 2011, luego de que el Jury decidiera acusarlo por una de las once causas por las que fue denunciado.
Se trata del denominado "Caso González" por el cual se acusó al magistrado de no haber efectivizado la libertad de Jorge González, un imputado que desde 2005 se le había concedido la libertad y que permanecía preso durante siete meses después de la sentencia.
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