Es en la causa que investiga una posible defraudación por administración fraudulenta a raíz de la concesión de un crédito incobrable de 106 millones de dólares del BAPRO a la Sociedad Rural Argentina.
El fiscal ante la Cámara del Crimen Sandro Abraldes apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal un fallo que avaló la prescripción de una causa por un crédito incobrable de 106 millones de dólares concedido durante el menemismo por el Banco Provincia de Buenos Aires a la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Fuentes judiciales confirmaron que ese fallo no está firme ya que fue apelado la semana pasada, antes de que trascendiera la noticia y generara la reacción presidencial. La apelación se conoció recién este miércoles en tribunales.
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"Se solicita que tenga por presentado en legal tiempo y forma el presente recurso de casación", dice el dictamen en el que se reclama a la Cámara de Casación que revise la prescripción de la causa.
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"En esta causa en la que se investigan hechos gravísimos de corrupción, el juez de primera instancia estimó que había transcurrido el término de la prescripción, en base a la calificación que le asignó a los sucesos, defraudación por administración fraudulenta, en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público porque a su entender se había superado todo plazo razonable", sostuvo el fiscal en la apelación.
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El fiscal advirtió que "el transcurso de un supuesto de plazo razonable a modo de factor de prescripción debe estar condicionado por lo irrazonable, insostenible y escandaloso de las demoras, inútiles paréntesis, alzamientos contra el Superior, incuria funcional y una constante revisión de hecho de los decidido por quienes tienen a su cargo el cumplimiento de diversos actos procesales".
En el dictamen se hace referencia a que el exceso en el plazo razonable se debió a las presentaciones de los acusados y a las demoras del Poder Judicial de una causa que lleva 16 años de tramitación.
El fiscal sostuvo que una vez resuelta una cuestión de competencia entre la justicia de instrucción y la federal "lejos de reencausarse al cabo de estos 6 años de discusiones absurdas y estériles, la acción penal legalmente promovida en autos por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, se ve amenazada por nuevas decisiones equivocadas".
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