La Rural: piden anular la venta del predio y elevar a juicio una de las causas

Se trata los funcionarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires al momento del otorgamiento del crédito Carlos Eduardo Sánchez, Hugo Néstor Pifarre, Victorio Carlos Migliaro, Juan María de Anchorena, Rubén Daniel Lusich y Osvaldo Hugo Rial, y de los directivos de la SRA y sus empresas allegadas Enrique Claudio Crotto, Horacio Foster, Alfredo Miguel O´Farrel y Raúl Etchebehere.

En un dictamen de más de 160 páginas, el fiscal realizó un detalle de los pormenores judiciales por los que atravesó tanto la causa (iniciada en el 2000), como los distintos actos presumiblemente delictivos en los que habrían incurrido los representantes de la SRA, como los funcionarios de los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires durante distintas gestiones.

Además, describió las conductas delictivas en las que habrían participado los ex funcionarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires al otorgar un crédito de millones de dólares a la SRA y sus empresas.

Campagnoli solicitó a la justicia "la inmediata entrega del predio al Gobierno de la Ciudad -como administrador directo y originario de los bienes de la Ciudad de Buenos Aires desde la reforma constitucional- para que lo rehabilite para el uso y goce propios de su condición de bien de dominio público", y "la anulación del registro de los planos de obra aprobados oportunamente por el GCBA para la construcción del emprendimiento comercial de la SRA y la anulación del otorgamiento del crédito por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires, convirtiéndose la deuda de La Rural S.A.-Ogden S.A. en actualmente exigible".

A Sánchez, Pifarré, Bugallo, Migliaro, Anchorena, Lusich y Rial, por ser presidente y miembros del directorio del Banco Provincia respectivamente, se les endilga haber violado los deberes a su cargo "perjudicando con su accionar fraudulento los intereses que la provincia de Buenos Aires les había confiado". Esto se refiere a la concesión de un préstamo por 106 millones de dólares a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por La Rural y Ogden Argentina SA en septiembre de 1998.

El crédito se les otorgó para la construcción de un centro de exposiciones y entretenimiento en el predio. Sin embargo, el megacomplejo no sólo no existía, sino que financiaría un "millonario y ambicioso proyecto privado tenido en miras desde sus primeros actos de malversación".

Por otra parte, a los directivos de La Rural Foster, Huber, Crotto, O'Farrell, Etchebehere y Del Castillo se les atribuye haber tomado "inciertos" los derechos acordados con el Estado, tras la adquisición "a un precio vil" (30 millones de dólares) del "Predio Ferial de Palermo", así como el haber modificado las condiciones de venta que se habían pactado con el Estado Nacional, en un claro perjuicio a la economía del país.

Además, a Foster, Hubert, Crotto, O'Farrel, Etchebehere también se les imputa el haber tornado imposible el cobro del crédito de los 106 millones que otorgó el Banco de Provincia y haber administrado fraudulentamente, en perjuicio de los socios, a la "Sociedad Rural Argentina", a través de la modificación sustancial de las condiciones de venta del predio.