Se viene otro paro de docentes universitarios en la previa a la Marcha Federal
Docentes y no docentes reclaman al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Ejecutivo viene dilatando indefinidamente, y una urgente recomposición salarial.
El paro nacional predecerá a la Marcha Federal Universitaria.
Debido a que el Gobierno Nacional se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario votada por el Congreso, pese a las intimaciones judiciales en ese sentido, los docentes universitarios convocaron a un nuevo paro general de actividades para la próxima semana.
Según informaron los gremios que los agrupan, la medida de fuerza afectará a todas las universidades nacionales de todo el país y se llevará a cabo entre 48 y 72 horas a partir del próximo miércoles 30 de septiembre.
El paro fue resuelto en un plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que buscará coordinarlo con la CONADU Histórica, y formará parte de las acciones previas a la Quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.
Como se sabe, los trabajadores universitarios reclaman al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una urgente recomposición salarial ante el fuerte deterioro del poder adquisitivo.
En ese sentido vale aclarar que la medida de fuerza está sujeta al cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo del aumento del 33,4% que establece la ley. De no hacerlo para el martes 29, los docentes paralizarán desde el día siguiente todas las actividades.
El Gobierno no aplica la Ley de Financiamiento Universitario ni acata a la Justicia
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, esta semana había intimado al Gobierno Nacional a dar cumplimiento total a la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, dando un plazo de cinco días para el acatamiento.
El magistrado había dictado la medida en diciembre de 2025, la Cámara de Apelaciones la avaló en marzo de este año y, finalmente, la Corte Suprema de la Nación dejó firme la decisión el 25 de junio último.
Sin embargo, el Gobierno anunció que apelaría esa resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, argumentando que ya cumplió con la cautelar y que presentó ante la Justicia la documentación para acreditarlo.
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