El intendente de Lanús, envuelto en el escándalo por los Panamá Papers, había desatado la polémica apenas asumió al nombrar a Rubén Baca a cargo de la formación de la policía local. Ante la presión popular el cuestionado funcionario debió dar un paso al costado.
El juez en lo correccional Rubén Baca presentó su renuncia como Secretario Académico en la policía local de Lanús. La decisión se dio en medio de una denuncia que pesa sobre el funcionario, de parte de la Fiscalía General, que requiere saber si Baca ordenaba allanamientos para que dieran resultado negativo en una investigación por trata de personas.
Días atrás se conoció que Baca entregó al intendente Néstor Grindetti su renuncia de carácter indeclinable. El magistrado era el Secretario Académico de la policía local y se encargaba de parte de la capacitación de los efectivos. Había llegado a esa función bajo la órbita del ex diputado kirchnerista por la Ciudad y ex massista, Diego Kravetz, que actualmente es el secretario de Seguridad en el distrito del conurbano gobernado por Cambiemos.
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Además había explicado que lo que pesaba sobre Baca era una denuncia administrativa y no penal. "No lo voy a apartar preventivamente por una denuncia administrativa", dijo. Semanas más tarde Baca finalmente dio un paso al costado.
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Según la denuncia, el juez "se superpuso en dos investigaciones Penales Preparatorias en curso iniciadas con antelación a su injerencia y de modo tal que, con su entrada en escena, ha tenido entidad como para condicionar negativamente el éxito de las pesquisas penales anteriores y ajenas".
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Cuando el caso salió a la luz, la oposición local rápidamente le pidió acciones concretas al ejecutivo lanusense. La diputada provincial del bloque Peronismo para la Victoria, Karina Nazabal había presentado un pedido de informe en la cámara de Diputados para que el gobierno bonaerense informe si se había efectivizado el nombramiento de Baca en la Escuela de la Policía Local de Lanús; si las autoridades del Ministerio de Justicia bonaerense y los funcionarios responsables de su designación tenían conocimiento de la causa en la que se encuentra denunciado y para que se individualice quienes lo designaron y se informe sobre los fundamentos jurídicos que se tomaron para ello.
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