El ex comisario Alberto Conrado Corbellini declaró en el primer juicio que se realiza en la causa.
Apuntó contra el Gobierno porteño.
Un ex jefe de bomberos negó haber recibido coimas por parte de empresarios para habilitar discotecas en la Capital Federal y sostuvo que la aprobación para el funcionamiento de esos locales le correspondía al Gobierno porteño.
Alberto Conrado Corbellini, ex titular de la División Prevención de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, declaró en el primer juicio oral que se realiza como desprendimiento de la causa por el incendio en Cromañón, en el que murieron 194 personas en 2004.
A lo largo de tres horas, Corbellini efectuó una monótona exposición en la que explicó todos los pasos que se debían seguir para habilitar los boliches, especialmente los 16 locales clase "C" que están siendo investigados.
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Tanto el ex jefe de bomberos como a otros cuatro imputados que comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal 24 -el mismo que el año próximo hará el juicio por el incendio en el boliche de Once- se les imputa el supuesto pago de coimas para lograr la habilitación de boliches.
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En su exposición, Corbellini dijo que "jamás" recibió dinero de dueños de discotecas y dijo que la dependencia que estaba a su cargo no tenía poder para habilitar ni clausurar boliches, sino que esa función le correspondía al Gobierno porteño.
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"Quedó claro que nunca se extendió ningún certificado falso y que el procedimiento sigue siendo el mismo que antes de Cromañón", aseguró el ex juez Héctor Yrimia, defensor del ex jefe de bomberos.
Sin embargo, para el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas de Cromañón, Corbellini "hizo agua en su declaración" cuando el fiscal Jorge López Lecube le hizo recorrer uno por uno cada uno de los 16 expedientes cuestionados.
"Había irregularidades en los expedientes, algunos estaban marcados por un superior, tenían una ’B’ y tres rayitas y no supo explicar qué eran. También había sellos y números que no correspondían. Creo que quedó en una mala posición", evaluó Iglesias.
Agregó que "hay expedientes en los que se hizo la inspección, la tramitación y la entrega del certificado el mismo día a una velocidad mayúscula".
Corbellini fue el único de los imputados que aceptó declarar, ya que el oficial principal Marcelo Nodar, el cabo Marcelo Fabián Esnok, y los empresarios Rubén Fuertes y Luis Perucca, dueños de una firma que asesoraba a boliches sobre productos ignífugos, se negaron a hacerlo.
El juicio, realizado en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, en la planta baja del Palacio de Tribunales, tuvo como único representante de las víctimas de Cromañón a Iglesias, quien en el incendio perdió a su hijo Pedro.
"Acá hay temas de mucho interés para Cromañón porque si bien es cierto que cuando ocurre el incendio el certificado de bomberos estaba vencido, en algún momento tuvo el certificado y nunca debió haberle tenido", dijo el abogado.
Esta causa se inició a partir de un careo que tuvieron en el expediente por la muerte de 194 personas el defensor del Pueblo adjunto, Atilio Alimena, y la ex secretaria de Control Comunal Fabiana Fizsbin.
Según se determinó, Fuertes y Perucca eran dueños de dos empresas que realizaban trabajos de asesoramiento e infraestructura para habilitar locales nocturnos y aparentemente pagaban coimas para acelerar los trámites.
Los investigadores creen que cuando el dueño de un boliche se contactaba con los bomberos para obtener una habilitación, éstos terminaban derivándolo a alguna de las empresas que pertenecían a Fuertes y Perducca.
La sospecha apunta a que, al contratar a estas firmas, los dueños de los boliches tenían prácticamente garantizada la aprobación para poder funcionar.
El debate se reanudará mañana a las 9:30 con la declaración de bomberos, mientras que entre el viernes y el miércoles próximo serán interrogados dueños de locales bailables. Para fines de la semana próxima, se espera la etapa de alegatos y el veredicto.
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