Quién es Maricarmen, la mujer de 87 años que puede cambiar para siempre la crisis habitacional en las ciudades

El calvario de la anciana comenzó en 2018, cuando el edificio donde residía cambió de dueño y terminó en poder de la inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. La empresa, dedicada a la compra y gestión de activos, argumentó que el antiguo contrato —originalmente firmado por el padre de la mujer— no podía volver a subrogarse.

Ante esta situación, la firma le exigió a la inquilina un aumento del 275%, elevando el alquiler de los 500 euros históricos a la suma de 1.650 euros mensuales. La cifra resultaba inasumible para la mujer, que percibe una pensión de apenas 1.350 euros. Pese a la exorbitante suba, ella nunca dejó de pagar su cuota original. En las últimas semanas, un donante anónimo se había ofrecido a cubrir la diferencia económica para evitar el desalojo, pero la inmobiliaria rechazó tajantemente la propuesta.

Cuatro intentos de expulsión, apoyo popular y gas pimienta

El proceso estuvo marcado por una fuerte resistencia vecinal y activismo social impulsado por el Sindicato de Inquilinas:

• Intentos fallidos: el primer intento de desalojo ocurrió en octubre de 2025 y fue frenado por los vecinos. Posteriormente, se fijaron y aplazaron dos fechas más: el 3 y el 24 de junio de 2026.
• Intervención de la ONU: el Comité de la ONU llegó a solicitar la suspensión del procedimiento hasta que se garantizara una alternativa habitacional viable, petición que fue desatendida por la Justicia de Madrid.
• Apoyo público: el caso atrajo la solidaridad de reconocidos artistas y figuras españolas como Rozalén, Ismael Serrano, Juan Diego Botto, Facu Díaz y Alberto San Juan, quienes participaron en concentraciones frente al edificio.
• El desenlace: el 23 de septiembre de 2026, la policía acordonó la zona desde las 7:30 de la mañana. Cerca de las 10:45, los agentes ingresaron por la fuerza, utilizando gas pimienta contra las personas que intentaban proteger la puerta. Finalmente, a las 13:05, la mujer de 87 años fue retirada en camilla y trasladada en ambulancia a un hospital debido a su delicado estado de salud.

La pensionada, que tiene certificado un 50% de discapacidad, había rechazado previamente ser reubicada en una residencia pública o en un piso tutelado ofrecido por los servicios sociales, insistiendo hasta el último momento en su derecho a permanecer en el que fue su hogar durante casi toda su vida.