"Creemos que llegaron hasta la frontera escondidos en algún automóvil
para evitar la Gendarmería y una vez que arribaron pueden haber cruzado
en un bote alquilado desde Paraguay. Hay un pedido de captura internacional y ya se notificó a ese país sobre esta hipótesis", indicó
un integrante de las fuerzas de seguridad encargada de la búsqueda a la agencia Noticias Argentinas.
La fuente sostuvo que "todo estuvo planeado" y agregó que parte
del grupo que colaboró en el escape "viviría en forma parcial o
permanente en Paraguay para poder llevar adelante el plan".
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En ese aspecto, los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio
Alak, y de Defensa, Agustín Rossi, remarcaron en su momento que ambos
militares eran avalados por "un grupo que es financiado", por lo que
congelaron sus cuentas bancarias y pusieron en marcha una investigación
sobre un fideicomiso vinculado a uno de los prófugos.
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De todas maneras, las fuentes consultadas aclararon que en este hecho
"no hay complicidad política de los funcionarios de ese país", con el
que el Gobierno está recomponiendo relaciones tras la asunción de
Horacio Cartes en la Presidencia, aunque precisaron que de ser necesario se
comunicarán con ellos para intensificar los operativos de rastrillaje.
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La hipótesis de que ambos represores están ocultos en Paraguay cobró
fuerza entre los investigadores durante los últimos días, luego de que
funcionarios judiciales y miembros de organismos de seguridad federal
realizaran diversos allanamientos en domicilios de Posadas y en una
estancia correntina, a 30 kilómetros al sur de la capital misionera.
Los dos represores, condenados por delitos de lesa humanidad, escaparon
el 25 de julio pasado del Hospital Militar Central "Cosme Argerich",
donde se encontraban internados tras ser trasladados por expreso pedido
de la Justicia de San Juan.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofreció 2 millones de pesos
como recompensa por aportar datos sobre el paradero de ambos militares.
Olivera recibió una condena a cadena perpetua, mientras que De Marchi
fue condenado a 25 años de prisión al cabo del primer juicio por delitos
de lesa humanidad realizado en la provincia de San Juan.
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