El Gobierno derogó una normativa vigente desde 2012 para patentes farmacéuticas: todos los detalles
Javier Milei derogó una norma de 2012 y eliminó así criterios previos para el análisis de patentes de medicamentos y estableció un nuevo esquema.
El gobierno de Javier Milei derogó este miércoles el régimen vigente desde 2012 para el análisis de patentes de medicamentos y estableció un nuevo esquema que deja en manos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la evaluación caso por caso de las solicitudes.
Así quedó plasmado en la Resolución Conjunta 1/2026 de los ministerios de Salud y de Economía y del INPI, publicada hoy en el Boletín Oficial.
De esta manera el Ejecutivo eliminó las “Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas”, vigentes desde el año 2012, al considerar que resultaba necesario “no restringir la competencia” del INPI para analizar las presentaciones.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que el cambio apunta a “promover la innovación e incrementar la disponibilidad de nuevos productos”, además de generar mayor previsibilidad jurídica para el desarrollo de la industria farmacéutica.
A partir de ahora, el INPI determinará en cada caso la patentabilidad de las invenciones, en función de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial establecidos por la Ley 24.481.
Uno de los puntos centrales de la norma es la introducción de un esquema transitorio: las nuevas patentes no podrán bloquear la comercialización de medicamentos que ya estén en el mercado al momento de entrada en vigencia de la resolución.
En esos casos, la normativa establece que los titulares de las patentes “no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”, lo que busca evitar conflictos con productos ya disponibles.
El texto oficial advierte que la derogación podría habilitar la concesión de patentes sobre productos actualmente comercializados, por lo que se incorporó esta excepción para resguardar la competencia y el acceso.
Con este cambio, el Gobierno redefine el marco regulatorio en propiedad intelectual aplicada a medicamentos, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país y con el objetivo de alinear el sistema local con “las mejores prácticas internacionales”.
El documento también sostiene que "la introducción de regímenes de patentamiento, especialmente de productos farmacéuticos, aumentan la velocidad a la que nuevas drogas son lanzadas a los mercados (...) un resultado que se mantiene aún para países en desarrollo".
Así, "una adecuada y efectiva protección de las invenciones a nivel local genera condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica que facilitan la introducción de innovaciones y el acceso oportuno a nuevos medicamentos y tratamientos en beneficio de la salud pública y el bienestar general".
Bajo este panorama, la derogación fue descripta como "la medida más apropiada para dar lugar al efectivo ejercicio del INPI de su competencia exclusiva en materia de estudio de solicitudes de patentes" a la vez de un marco que optimice el "examen de patentabilidad, promoviendo la eficiencia y garantizando la coherencia con las mejores prácticas internacionales".
Resolución Conjunta 1/2026:
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