El sueño de la tierra propia y un conflicto sin solución a la vista

La zona caliente está ubicada en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios empobrecidos del conurbano bonaerense.

Por lo general los terrenos a ocupar son de organismos del Estado (ferroviarios), de particulares y de entidades (sindicatos, asociación de empresas, entre otras).

La geografía del conflicto

Unas 600 familias ocuparon un terreno en Lanús en febrero y  fueron desalojadas a principios de este mes en Lanús. El lugar es reclamado por la Asociación de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires (ACUBA) para la construcción de una planta de tratamiento de efluentes y 60 curtiembres. El terreno está abandonado desde la época del menemismo.

En declaraciones a minutouno.com, el secretario de Industria de Lanús, Jorge Sívori,  aseguró que “necesidades hay en todos lados (por el conurbano) y también de viviendas” y aclaró: “No sabemos si hay gente de otros distritos” en la toma de tierras.

El terreno que intentó ser tomado en Lanús tiene 35 hectáreas y está ubicado en Olazábal, entre Farrel y Florida, en la localidad de Villa Diamante. En el operativo de desalojo hubo palos, tiros y gases, con policías y ocupantes heridos.

Además, los perjudicados en ese caso (miembros de ACUBA) organizaron una contraprotesta y bloquearon el Puente Alsina, que comunica a la localidad de Valentín Alsina (Lanús) con Pompeya (Capital).

Apelaron a la Justicia y el Juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Mafusi Moore, ordenó el desalojo las familias que no tenían dónde ir se quedaron deambulando por ahí y los intrusos, que sí poseen casa, volvieron a su barrio.

Otro escenario de reclamo es la Villa 31, en Capital. Ahí, un grupo de familias cortó la Autopista Illía. Y a fines de marzo, vecinos de la Villa 20 de Lugano, inquilinos de Barracas y ocupantes ilegales de viviendas del barrio de Floresta tomaron diferentes predios en esos barrios. El reclamo es siempre el mismo: viviendas.

Pero el hecho más resonante fue el del asentamiento El Cartón, en Villa Lugano. Luego de que se declarase un incendio, que las pericias determinaron como intencional, la gente de ese asentamiento fue trasladada a un predio hasta que se resolviera su situación. Luego, sectores políticos de uno y otro sector se acusaban de haber intervenido en el hecho.

La necesidad, ¿la clave del uso político?

Observadores del fenómeno analizan que no todos los que ocupan terrenos ajenos, cortan vías ferroviarias o bloquean calles, carecen de tierra y vivienda. Y hasta hubo lugares en que la ocupación fue defendida a los tiros.

En ese sentido, desde el Gobierno porteño, el ministro de Obras Públicas, Juan Schiavi, aseguró que en la toma de departamentos el Bajo Flores "se han detectado uno o dos colectivos con gente que venía de la provincia de Buenos Aires” y que “se presume que algunos de ellos estaban armados y que no fue una cosa casual".

En la Villa 21, cerca del club Barracas Central, en Capital, una familia puede contar con  cinco o seis hijos e ingresos mensuales que apenas rozan los 500 pesos, que a veces está compuesto por fondos provenientes de un plan social.

Aquí también resurgió la pelea de pobres contra pobres. Los vecinos que viven del otro lado de la Villa 21 fueron a cortar las vías hace algunas semanas porque se sienten perjudicados por la presencia de los pobres como ellos.

Las casi 60 familias de esa zona, en el sur de la Capital, fueron a ocupar terrenos que son de Trenes Metropolitano y del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), en el barrio de Barracas.

Pero también aparece un tercero perjudicado: bloquearon los trenes que llegan o salen de la estación Buenos Aires, ubicada en Olavarría y la avenida Vélez Sarsfield. Esos trenes van hasta González Catán y Merlo, y pasan por la estación Sáenz, en Pompeya. Obvio: los pobres que iban en ese tren, lejos de estuvieron de ser solidarios con su colegas de clase.

Por ese hecho,  trenes Metropolitanos presentó en la justicia una denuncia por "Usurpación de tierras", que se tramita en el Juzgado número 4, de los tribunales porteños. Casi todas las ocupaciones terminan de esa forma: en la Justicia.

Otro conflicto estalló con la participación de alrededor 500 personas de Villa Lugano. Éstos entregaron un petitorio al Instituto de Vivienda de la Ciudad, a la Jefatura de Gobierno y al Ministerio del Interior.

 El motivo: piden la cesión de unos terreno que son de la Policía Federal, ubicados en entre las calles Chilavert y Corvalán, a dos cuadras de las Avenidas Cruz y Escalada, para que pasen al Gobierno de la Ciudad para luego ser cedidos a la gente.

Además pidieron la entrega de viviendas transitorias de manera inmediata, hasta que se cumpla el Plan de Urbanización, el reconocimiento de las cooperativas en la aplicación  del Plan de Urbanización y el cumplimiento de la Ley 1.770 de Urbanización de la Villa 20 de Lugano.

También en Gregorio Laferrere, La Matanza, a oeste de la Capital Federal, llevaron a cabo una toma de tierras desde febrero. El predio de 64 hectáreas se encuentra ubicado entre el cruce de la Ruta 21 y la Avenida Cristianía, frente al barrio 22 de Abril.

Los vecinos ajenos a la toma también se quejaron porque una calurosa noche de principios de febrero, alrededor de las 20:30, un trabajador fue baleado de 4 tiros enfrente de la toma de tierras, sin ser asaltado. 

El rol del Estado

El abogado y especialista Florentino Narváez, de la Federación de Tierras y Vivienda (FTV), señaló a minutouno.com que en la Argentina con cerca de  40 millones de habitantes,  el mercado inmobiliario “sólo abastece a 15 millones. El resto, queda al margen porque no todos  pueden comprarse una casa y por eso hay gente hacinada, especialmente en el conurbano”.

“El Estado debe intervenir activamente porque e el conurbano hace falta pensar el ejido urbano para ochenta años, y se debe incluir en ese plan a la tierra, la casa, el agua y las cloacas”, subrayó Narváez.

Otro episodio de ocupación de tierras se registró durante el verano en Claypole, Almirante Brown, también en la zona del conurbano bonaerense. Allí, unas 250 familias ocuparon un amplio terreno de propiedad del Sindicato de Empleados Municipales de Lomas de Zamora y de trabajadores de astilleros.

Se trata de 10 hectáreas ubicadas entre las calles Estanislao del Campo, Figueroa, Monteverde y Villaguay. En el transcurso de los últimos días se fueron sumando carpas y toldos donde aún siguen instaladas familias de los barrios Cerrito, San Lucas, Parque Mariano Moreno y Don Orione (en Brown). Este hecho también tuvo un correlato policial y judicial. La Justicia de Lomas dio la orden de desalojo.