El vallado por la marcha de los jubilados en Congreso obliga a panaderos a hacer malabares con la mercadería
Desde temprano se instalaron vallas y presencia de fuerzas federales sobre calles y avenidas de la zona, incluyendo Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, con restricciones para la circulación vehicular y peatonal en el perímetro.
Los empleados de una panadería de la zona tuveron que transportar la mercadería por arriba del vallado.
Este miércoles 18 de noviembre de 2026, las inmediaciones del Congreso de la Nación amanecieron con un operativo de seguridad y vallado ante una nueva jornada de movilización de jubilados y organizaciones sociales con epicentro en oficinas de ANSES y movilización en CABA desde la sede de Av. Córdoba 1144.
Desde temprano se instalaron vallas y efectivos de la Policía Federal en calles cercanas al Congreso —como Hipólito Yrigoyen y avenida Entre Ríos—, restringiendo el paso vehicular y peatonal en la zona. Tal es así, que los empleados de una panadería debieron hacer malabares para transportar la mercadería. “No alcanzamos a sacarla antes y ahora nos tocó pasarla por encima del vallado porque no nos dieron otra alternativa”, dijo uno de los empleados a C5N.
Manifestación de jubilados: el reclamo central es un aumento urgente de los haberes
El principal pedido de los jubilados autoconvocados apunta a un incremento inmediato de las jubilaciones mínimas, que hoy se ubican en 444.158,46 pesos, a los que se suma un bono de 70.000 pesos congelado desde 2024. La liquidación bruta para los beneficiarios del haber mínimo no supera los 514.158,46 pesos.
Entre las demandas figuran también la cobertura de medicamentos al 100%, la restitución del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a la administración de trabajadores y jubilados, el control sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el rechazo al uso del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que entrará en vigencia en diciembre para financiar indemnizaciones por despidos.
Según el comunicado difundido por la Mesa Coordinadora, el Gobierno habilitó el uso del FGS, cuya función es garantizar el pago de jubilaciones y juicios por recálculo, para solventar créditos inmobiliarios otorgados por bancos. La organización también reclama la apertura de las cuentas y los contratos del PAMI, la investigación de los funcionarios señalados por el manejo de esos fondos y la restitución de la moratoria previsional derogada por la actual gestión.
En el mismo comunicado, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados responsabilizó al Gobierno por el deterioro del sistema de salud pública destinado a los adultos mayores. “Desde el inicio de este Gobierno, han aumentado las muertes de adultos mayores. Las cifras superan largamente las de la pandemia”, sostiene el texto.
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