Fentanilo adulterado: los chats que revelan la trama oculta detrás de las 63 muertes
Las autoridades sanitarias conocían los riesgos y recibieron informes técnicos que recomendaban frenar la producción, pero las medidas se demoraron mientras las ampollas seguían circulando.
Javier Martín Tchukran, uno de los cuatro presos del caso fentanilo contaminado fue beneficiado con prisión domiciliaria.
Las autoridades sanitarias conocían las graves irregularidades en el laboratorio que producía el fentanilo contaminado mucho antes de que se conocieran públicamente las 63 muertes. Alertas, inspecciones e informes técnicos recomendaban detener la fabricación, pero las medidas se demoraron mientras las ampollas seguían llegando a droguerías y hospitales.
La secuencia quedó expuesta a partir de chats judiciales y documentos oficiales que reconstruyen cómo actuaron las máximas autoridades de la ANMAT y el INAME. Las ex titulares de ambos organismos, Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, fueron detenidas e indagadas esta semana.
La investigación periodística reconstruyó la cronología del caso. En enero de 2024, una técnica detectó un hongo en la planta. En lugar de sancionar, Mantecón Fumadó habría advertido al laboratorio y buscado evitar medidas irreversibles.
El 28 de noviembre de 2024, una inspección en Laboratorios Ramayo detectó deficiencias críticas y recomendó inhabilitar la planta. El 3 de enero de 2025, los inspectores insistieron en prohibir toda la producción y retirar los medicamentos. Pero las medidas no llegaron a tiempo.
Entre diciembre y enero se produjeron los lotes de fentanilo que luego quedarían bajo investigación. El 30 de enero salieron a la venta unas 10.000 ampollas del lote 31.202. El 8 de febrero se registró la primera muerte.
El 10 de febrero se firmó una prohibición de producción, pero no fue publicada ni entró en vigencia. Durante marzo, la prohibición continuó sin publicarse. Recién en abril, el laboratorio anunció el retiro voluntario. El 22 de abril se confirmó oficialmente la vinculación del lote con las muertes, cuando ya se habían registrado 63 fallecidos.
Los chats revelan la predisposición de las funcionarias hacia el laboratorio y contactos previos a inspecciones. Una funcionaria escribió: "Me acaba de avisar Ariel García Furfaro que mañana cae inspección".
La causa también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, ya que las exfuncionarias declararon que ninguna decisión importante se tomaba sin su consulta. Un chat del 26 de marzo muestra a Bisio preguntando si la situación podía derivar en el cierre de la planta porque "Mario pregunta".
Las exfuncionarias fueron liberadas tras pagar fianzas de 75 millones de pesos. La causa continúa abierta para determinar responsabilidades penales y hasta dónde llegó la cadena de decisiones en el Estado.
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