Imputaron a un empresario gastronómico por trata de personas y explotación laboral

Además, fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación y le prohibió al empresario salir del país y mantener contacto con las víctimas.

La denuncia y las condiciones en las que vivían los trabajadores

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima realizada a la línea gratuita 145, destinada a recibir alertas sobre posibles casos de trata de personas.

A partir de esa presentación, personal de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó una inspección en la finca, ubicada en la localidad salteña de Cerrillos.

Durante el procedimiento detectaron condiciones insalubres y graves irregularidades laborales. Algunos de los trabajadores vivían en habitaciones con piso de tierra, dormían en camas hechas con palets, utilizaban letrinas como baño y para poder asearse debían calentar agua en tachos.

Los fiscales respaldaron la descripción con fotografías tomadas durante la inspección y detallaron la situación laboral de los 20 trabajadores que se encontraban en el lugar.

Jornadas excesivas y salarios de hasta $500 mil

La fiscal auxiliar Vanina Pedrana explicó que las remuneraciones no superaban, en general, los $500 mil, mientras que las jornadas laborales eran excesivas.

Según expuso la Fiscalía, no se pagaban horas extras, feriados ni domingos y los empleados tampoco contaban con cobertura cuando se enfermaban o sufrían accidentes laborales. Por ejemplo, uno de los trabajadores sufrió un accidente mientras realizaba sus tareas no fue asistido, tuvo que ser trasladado por un familiar y no recibió una compensación por la lesión ni se le pagaron los días durante los cuales no pudo trabajar.

Además sostuvieron que el empresario disponía "de manera discrecional" de los trabajadores. Aunque estaban registrados como personal destinado a la cosecha de tabaco, luego eran derivados a otras tareas, principalmente a la producción porcina y a la cosecha de aceitunas.

Según explicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, la registración como trabajadores del tabaco es una maniobra utilizada para pagar una carga salarial menor y luego destinar a los empleados a otras actividades.

Durante la inspección también encontraron adultos mayores en situación de grave precariedad, uno de ellos asistía a comedores porque el dinero que cobraba no le alcanzaba para alimentarse.

En contraste con las condiciones denunciadas por los trabajadores, ARCA informó que el empresario registró ingresos superiores a los $600 millones durante 2025 y una cifra similar en lo que va de este año. Para la Fiscalía, esos datos demuestran que contaba con solvencia suficiente para garantizar condiciones dignas de vivienda y cumplir con las obligaciones salariales establecidas por la ley.