Señalan irregularidades en el juicio político a la jueza Alicia Arbilla

Sociedad

Fue imputada penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una causa por desapoderamiento de activos de empresas del Grupo Indalo.

El Consejo de la Magistratura de Esquel inició el juicio político sobre la jueza civil, comercial y laboral Alicia Arbilla, quien está imputada penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una causa por desapoderamiento de activos de empresas del Grupo Indalo.

Además de Arbilla, se encuentran imputados por estafa procesal José María Venancio, presidente del Colegio Público de Abogados de Esquel, y el empresario Elías Simeoni, como beneficiario por las subastas de bienes que se realizaban por debajo del valor correspondiente.

La irregularidad en el proceso parte de que entre los integrantes de la comisión que evaluará la denuncia figura María Eugenia Jacobsen, quien fue socia de Arbilla en un estudio de abogados pero actualmente se desempeña en el Estudio Jurídico Gerosa.

La comisión la completan la defensora pública de Trelew, Sonia Donati, el representante de los trabajadores del Poder Judicial Esteban De Felice, y una consejera popular de la ciudad de Sarmiento.

Arbilla y Jacobsen trabajaron juntas en el estudio del ya fallecido doctor Eduardo Algañaraz ubicado en la calle San Martin N°1161 de la ciudad de Esquel, y luego atendieron juntas otro estudio jurídico en la calle San Martín N° 429.

En caso de que Jacobsen no se excuse por las causales previstas por el reglamento, podría ser recusada por los demandantes.

La querella se encuentra trabajando en el pedido de apartamiento de Jacobsen debido al nexo de cercanía y posible ausencia de imparcialidad para llevar adelante la evaluación de Arbilla.

La jueza Arbilla se encuentra imputada por haber tomado conocimiento de las irregularidades que estaba llevando a cabo Venancio en presuntas demandas laborales, donde se embargaban bienes y se remataban por cifras mayores.

El juez Ricardo Rolón dio inicio formal a la investigación penal tras la denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Durante la audiencia, Arbilla sostuvo que no comprendía los motivos de su imputación y se negó a responder preguntas de las partes.

Venancio, por su parte, le planteó al Establecimiento Santa Elena SA (la empresa que demandó en esos procesos bajo el ropaje de reclamo laboral) debería estar contenta de haber pagado un juicio con un bien que no era de ella.

Con aval de Arbilla, Venancio se llevó un generador Caterpillar valuado en u$ss 160.000, que pertenecía a Ganadera Santa Elena SRL, quien no formaba parte de la demanda y que finalmente terminaron subastando.

Simeoni, tercer imputado en la causa, no declaró durante la audiencia.