Lanús: cooperativa de curtiembre tiraba residuos peligrosos a la red fluvial
Efectivos de Gendarmería allanaron el establecimiento, donde encontraron a un menor de edad trabajando.
Efectivos de Gendarmería pertenecientes a la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales allanaron seis inmuebles en Lanús, luego de una investigación que comenzó hace 12 meses.
Se trata de una cooperativa de trabajo perteneciente a una curtiembre que había sido clausurada en 2010, presentado quiebra en 2012 y que continuó las actividades laborales al mando de sus empleados hasta la actualidad.
Allí realizaban el curtido de pieles de animales, es decir que se procedía al remojado, pelambre y su terminación en cuero vacuno. Luego desechaban los efluentes líquidos peligrosos utilizados y sin tratamiento al desagüe fluvial.
Para procesar la mercadería, las curtiembres necesitan productos químicos que son incorporados en el cuero acabado. Durante la producción se busca la eliminación de los componentes de la piel cruda, esto genera volúmenes de residuos que deben ser tratados por su alto poder contaminante.
Al momento de los allanamientos, la primera contravención detectada fue que los trabajadores carecían de elementos de protección personal para realizar este tipo de tareas. Además, había un menor de edad trabajando en el lugar.
El personal de Gendarmería procedió entonces a la identificación del encargado de la industria y de los empleados. Mientras se realizaba la inspección, se detectaron traslados de cuero de color azulado de un domicilio a otro a bordo de camionetas y pallets en autoelevadores. Asimismo, en uno de los edificios, los funcionarios observaron la existencia de un furlón: máquina utilizada en varias de las distintas etapas del curtido de pieles para llegar al cuero vacuno terminado.
Los efectivos conjuntamente con autoridades del ACUMAR lograron determinar la manipulación de sustancias químicas sin autorización para su legal uso. Tampoco estaban debidamente separadas como lo establecen los protocolos de manejo de esos productos. El corolario de este procedimiento fue el momento en el que descubrieron que los efluentes líquidos peligrosos eran desagotados a la red fluvial pública sin tratamiento residual previo.
De los allanamientos surgió que tres de los domicilios habían sido clausurados y se les había prohibido la actividad en 2022 por ACUMAR . Sin embargo hicieron caso omiso violando las fajas de seguridad y precintos de inhabilitación habían sido colocados. En ninguno de los domicilios existían las cartillas que alerta sobre el manejo de sustancias químicas controladas y peligrosas como lo establece el protocolo.
Ante esta situación, el juez interviniente ordenó el secuestro de la documentación que vincula la compra de sustancias químicas, de sellos identificativos de los recipientes de transporte o resguardo de estas sustancias, tales como ácido clorhídrico, sulfato básico de bromo, ácido alcalino, sulfato de amonio, entre otros. En cuanto al menor, determinó que el mismo sea entregado a un familiar mayor responsable bajo acta.
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