Los chats entre los acusados de vender fentanilo contaminado: "Que no venga, está la Policía afuera"
Los allanamientos y las pruebas revelaron que una parte del fentanilo que alimenta el mercado ilegal se desvía de instituciones de salud.
La Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó más de 40 órdenes de presentación en droguerías, sanatorios y clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Santa Fe, para recuperar el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma, vinculado las 173 muertes denunciadas.
En los operativos, en los que se incautaron más de 82 mil ampollas de dos lotes investigados por el juez Ernesto Kreplak, dejó expuesta una problemática grave de nuestro país, parte del fentanilo que circula ilegalmente proviene de instituciones de salud. Es decir, del mismo circuito médico donde debería estar estrictamente controlado.
Fentanilo contaminado: una red clandestina que opera desde el sistema de salud
Las investigaciones de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) revelan la existencia de una subcultura de robo, desvío y reventa de fentanilo y otros anestésicos. Las ampollas sustraídas terminaban en centros de estética, consultorios oftalmológicos y clínicas privadas, donde se compraban a un precio mucho más bajo del oficial.
Las transacciones se concretaban por WhatsApp y los envíos se realizaban mediante encomiendas en micro, atravesando varias provincias. No se trata de consumidores o adictos, sino de un circuito profesional que utiliza estas sustancias sin control sanitario, con riesgos evidentes.
En este contexto, una causa clave avanzó en Misiones. En agosto, la jueza federal María Verónica Skanata procesó a Gerónimo Enrique Laje, Juan Carlos Gibilisco, Martín Hernán Alarcón, Magdalena Elizabeth Núñez y Natalia Soledad Butera, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al transporte agravado de estupefacientes, tras una investigación del fiscal Martín Uriona junto a la fiscal Silvana Gutiérrez.
En los celulares de los imputados, la PROCUNAR encontró un mensaje del 9 de marzo de 2023 donde un contacto identificado como "Fede" le ofrecía a Alarcón 200 ampollas de HLB Pharma, que si bien no pertenecían a los lotes contaminados, sino a fentanilo producido entre 2021 y 2022 por la empresa del clan Furfaro. También aparecieron referencias a productos de otros cuatro laboratorios argentinos.
Alarcón, visitador médico porteño y comerciante, ofrecía propofol, remifentanilo, morfina y otras sustancias de uso crítico. Chats de 2021 y 2022 lo muestran negociando precios y coordinando envíos junto a su pareja, Butera. Núñez y Gibilisco, de Posadas, eran quienes manejaban mayor volumen y ganancias, y trabajaban con Gustavo Gallardo, odontólogo de Jujuy, que actuaba como intermediario.
La causa comenzó en abril de 2023, cuando Gendarmería detectó 500 ampollas de fentanilo en un micro que circulaba por la ruta provincial 12. La encomienda provenía de Misiones y tenía como destinatario al visitador médico. Luego se comprobó que parte de las ampollas provenía de las farmacias de los hospitales Ramón Madariaga y Nuestra Señora de Fátima, en Posadas.
Actualmente, además de los procesamientos, la investigación revela un problema estructural: miles de ampollas de fentanilo sin trazabilidad circulan por el país.
En paralelo, el juez Ernesto Kreplak detectó el faltante de cinco kilos de citrato de fentanilo, suficientes para producir diez millones de ampollas, que HLB Pharma declaró como destruidos, aunque el magistrado mantiene dudas sobre ese destino.
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