Modificaron el protocolo de seguridad por las amenazas de ataques en las escuelas
La normativa prohíbe el tratamiento de datos sensibles de niños y adolescentes sin autorización judicial, pero habilita excepciones ante riesgos graves e inminentes.
La denuncia por frases intimidantes halladas en el baño de un colegio de Punta Lara.
La Escuela Nuestra Señora de Luján de La Plata registró al menos tres amenazas de tiroteo.
El Ministerio de Seguridad Nacional modificó el protocolo de actuación de las fuerzas federales para la prevención de ciberdelitos, con cambios específicos para los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. La medida fue oficializada mediante la Resolución 725/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La actualización responde al incremento de amenazas de violencia masiva contra establecimientos educativos difundidas a través de redes sociales y redefine los criterios bajo los cuales podrá intervenir el personal policial durante tareas de prevención en el ciberespacio.
Según la nueva normativa, el personal policial deberá ajustarse a lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y se prohíbe expresamente tratar datos sensibles o publicaciones de niñas, niños y adolescentes sin la correspondiente orden judicial.
La resolución establece que, cuando exista certeza o presunción de que la tarea de prevención policial en el espacio cibernético involucra a un menor, la actividad deberá suspenderse y dejar constancia en el libro de registro, con aviso inmediato a la autoridad responsable. No obstante, la suspensión deja de ser obligatoria en cinco supuestos excepcionales, vinculados a riesgos graves e inminentes para la integridad o vida de menores, o para la seguridad de la comunidad educativa.
Estas situaciones incluyen casos en los que se advierta un riesgo de vida para el menor; indicios de desamparo, fuga o sustracción del entorno; comportamientos autolesivos o suicidas sin necesidad de certeza sobre la inminencia del daño; y cuando el menor sea presunta víctima de un delito en curso en el ciberespacio cuya prevención o esclarecimiento requiera mantener el monitoreo.
Adicionalmente, la normativa contempla la posibilidad de continuar la tarea policial si existen indicios fundados de riesgo para la vida o integridad física de otros menores, abarcando amenazas, planificación o preparación de actos de violencia masiva en establecimientos educativos o espacios públicos, tanto si el menor es víctima como si es autor.
En todos los casos comprendidos por estas excepciones, el personal policial deberá dejar constancia detallada de las razones que justificaron la continuidad de la intervención y comunicarlo de forma inmediata a la autoridad responsable de la investigación.
El Gobierno sostuvo que la modificación busca compatibilizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes con la necesidad de brindar una respuesta rápida frente a delitos de gravedad, especialmente ante situaciones que puedan comprometer la integridad física de estudiantes o de la comunidad educativa.
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