Nuevas normas para construir en la Ciudad

 Fuentes oficiales afirmaron que la iniciativa pretende dar respuesta y desarticular las 19 presentaciones judiciales, entre recursos de amparo y demás documentos, que los vecinos de las zonas afectadas llevaron a la Justicia en los últimos meses. 

El nuevo decreto establece que los trámites suspendidos y las nuevas gestiones por obra o ampliación en Caballito, Coghlan, Palermo, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza deberán presentar un "certificado de uso conforme", que garantice la factibilidad del suministro de agua potable y desagues domiciliarios.

Núñez, el sexto barrio implicado en la veda que establecía el decreto anterior, quedó fuera del convenio porque -explicaron los funcionarios- sus servicios no presentan riesgo de colapso.

La certificación técnica que avalará el comienzo o reinicio de las obras será expedido por Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), que tendrá 30 días para expedirse sobre cada caso.

El decreto presentado esta tarde en la sede de Gobierno -que a diferencia del anterior, no tiene fecha de caducidad- reduce de 10.000 a 5.000 metros cuadrados la exigencia de evaluación de impacto ambiental, dentro de los cinco barrios críticos.

También constituye un Comité de Coordinación y Planeamiento de Infraestructura -integrado por los ministerios de Obras Públicas y Espacio Público y vecinos-, "que asegure el equilibrio entre la infraestructura de servicios públicos y el planeamiento de los volúmenes edificables y las densidades" en los barrios.

"Este decreto genera restricciones virtuosas y le brinda seguridad jurídica a los emprendimientos", destacó el jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, y anunció que el miércoles entró a la Legislatura local el Plan Urbano Ambiental para la ciudad.

Telerman destacó la "participación ciudadana de los vecinos", que alertaron sobre las obras, y la "buena predisposición de los empresarios, que sin desatender sus intereses legítimos, pusieron por delante el consenso".

Lo escuchaban representantes de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos inmobiliarios (AEV) y la Cámara de Negocios Inmobiliarios, entre otros afectados, quienes
se mostraron cautelosos frente a la medida.

"Creo que (al decreto) vamos a evaluarlo cuando se presenten los primeros permisos de obra", afirmó el vicepresidente de esta última entidad, Héctor D'Odorico.

No obstante, señaló que la ley "va a destrabar la tensión que había entre los constructores y los vecinos", pero agregó, en sintonía con el presidente de la AEV, Fernando Esquerro, que "la verdadera solución pasa por que el gobierno porteño encare obras públicas para el tendido de red cloacal".

Los permisos de obra y de ampliaciones fueron suspendidos el 13 de noviembre del año pasado, por un decreto del gobierno porteño que establecía la necesidad de evaluar el impacto de la construcción en los barrios críticos.

La medida fue celebrada por los vecinos de Caballito, que encabezaron una protesta -a la que se sumaron habitantes de otras zonas- que reclamaban la detención de la construcción de dos torres de gran envergadura, por considerar que iban a hacer
colapsar los servicios de agua y red cloacal del barrio.