* Si no cumplen, tendrán que reintegrarle al consumidor el 1 % del valor de la operación por cada día de atraso. * Hasta ahora, el vendedor no estaba obligado a estipular una fecha de entrega.
La Legislatura porteña aprobó una ley para que las empresas y comercios que vendan productos o servicios deban fijar una fecha de entrega precisa, y si no cumplen tendrán que reintegrarle al consumidor el 1 % del valor de la operación por cada día de atraso.
Hasta ahora, en la Ciudad, cuando una persona compraba, por ejemplo, un electrodoméstico, el vendedor no estaba obligado a estipular un fecha de entrega, o podía no cumplirla. Esto generaba múltiples reclamos de consumidores. Además, y salvo que el cliente iniciara un juicio, no había leyes que obligaran al proveedor a indemnizarlo por el retraso.
A partir de que el Ejecutivo reglamente la nueva ley y la ponga en vigencia, cualquier prestador de un servicio (privado o público) y cualquier comercio que venda un bien a entregar después de la compra (desde una mueblería hasta una concesionaria de autos) estará obligado a informarle al cliente en qué plazo entregará el producto o servicio. Si el plazo fuera excesivo, el consumidor podrá negarse a la compra.
Según informó el diario Clarín, por esta nueva ley, el plazo de entrega deberá estar asentado por escrito. Y se estipula que no se podrán utilizar fórmulas confusas como "plazo aproximado de entrega en 30 días". En esos casos, siempre se favorecerá al consumidor. Y si el proveedor olvidara o no quisiera estipular un plazo, la ley marca que el tope será de 15 días.
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La única situación en la que el proveedor podrá no cumplir el plazo es si logra probar que le ocurrió algún accidente o causa de fuerza mayor. Por ejemplo, si un consorcio contrata un arreglo en la terraza del edificio, y justo el día combinado llueve y no se puede trabajar.
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Si el proveedor no cumpliera con esa fecha máxima, el consumidor podrá dirigirse a cualquier CGP Comunal e iniciar un reclamo en la oficina de Defensa del Consumidor. El Gobierno porteño le aplicará una multa al comercio o empresa de servicio.
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Pero a partir de esta ley también obligará al proveedor a reestablecer el 1 % del valor de la operación por cada día de demora. De todas formas, esa indemnización nunca podrá superar el valor de cinco canastas básicas (hoy son unos $ 5.300).
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