El desalojo en el predio de Villa Lugano llegó seis meses después

Sociedad

Luego de dos intentos judiciales frustrados y frente a posturas encontradas, la Justicia ordenó que los habitantes de la villa "Papa Francisco" se retiren. Afirman que el crimen de Melina López aceleró la decisión del magistrado Gabriel Vega.

El desalojo que llevaron a cabo este sábado en el predio tomado de Villa Lugano se llevó a cabo luego de seis meses, período en el que hubo dos intentos judiciales frustrados y dos crímenes.

El 24 de febrero pasado se inició la toma de los tererenos situados entre la avenida Francisco Fernández de la Cruz y Pola, con unas pocas familias y ne medio una persona asesinada, identificada como Fernando Soto de 32 años.

Posteriormente llegaron los cruces entre funcionarios de la Nación, de la Ciudad y los judiciales para decidir o no el desalojo de un predio que en la actualidad contaba con unas 500 familias.

Los cruces se iniciaron cuando el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, responsabilizó al fiscal porteño Carlos Rolero, al señalar que "prefirió seguir durmiendo" antes que ocuparse del conflicto por la usurpación.

Berni remarcó que cuando se produjo la toma intentaron comunicarse con el fiscal para que interviniera en el hecho, pero habría contestado que lo haría al otro día, a primera hora de la mañana.

"Tenemos que lamentar un muerto. Es indignante, frustrante, el fiscal prefirió dormir, lo llamamos a las 11 de la noche y dijo que no iba a actuar hasta las 8 de la mañana; es una vergüenza", sostuvo en febrero el secretario de Seguridad.

En aquella oportunidad se podía haber realizado el desalojo de manera pacífica, según los funcionarios.

Con el correr de los días se conocieron mayores detalles sobre la ocupación ilegal y se apuntó contra punteros de la Villa 20, situada al lado del que luego pasó a llamarse "Barrio Papa Francisco".

De hecho, uno de ellos, Marcelo Chancalay resultó detenido por instigar a llevar a cabo la toma, en la que hubo muchos que vieron la posibilidad de hacer un negocio al parcelar y vender las tierras ante la necesidad de vivienda que tienen muchos ciudadanos de la Ciudad.

En el medio hubo dos intentos de desalojo frustrados, por falta de acuerdo entre la Policía Metropolitana con la policía Federal y la Gendarmería Nacional.

Mientras tanto, vecinos de Villa Lugano denunciaban que los casos de inseguridad habían aumentado con la ocupación de las personas en el predio, algo que no era cierto porque el nivel de inseguridad siempre se mantuvo parejo, pero el nivel de crispación provocaba este tipo de comentarios. Incluso  y hasta hubo algunos que remarcaron que dentro del barrio "Papa Francisco" solo quedaban delincuentes viviendo y que las demás personas se habían ido.

Algunos legisladores buscaron habilitar proyectos para urbanizar ese asentamiento, mientras que otros dirigentes políticos querían tirarlo abajo para construir viviendas sociales. Cada uno de ellos recibió elogios y críticas en la misma medida.

La medida judicial tal vez se aceleró quizá luego del crimen de Melina López, de 18 años,el pasado martes, por dos delincuentes, que según los habitantes del predio cruzó por la villa "Papa Francisco" y se fue hacia la Villa 20, de donde serían oriundos.

La solución en ese predio era una sola: desalojar a los ocupantes, anotarlos en una planilla y construir viviendas sociales, con ellos teniendo prioridad. Pero antes de todo ese armado, llevar a cabo una tarea especial, porque el lugar era una bomba de tiempo: sacar una importante cantidad de tierra contaminada por el óxido, la grasa y el ácido de las baterías y rellenarlo con tierra buena para luego pensar en la construcción.

Es que ese lugar funcionó durante varias décadas como cementerio de automóviles judicializados y las napas quedaron más que contaminadas.

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