Inspeccionan los vagones en los talleres del tren Sarmiento

Sociedad

La medida pedida por la fiscalía y aprobada por el Tribunal Nº2 se da en el marco de la causa que llegará a juicio oral y público el 18 de marzo.

Este martes en los talleres de Villa Luro, y a solo cuatro días de que se cumplan dos años del accidente ferroviario de Once, que produjo la muerte de 51 personas, se  llevará adelante la inspección ocular de los vagones siniestrados. En la causa serán serán juzgados ex funcionarios, el motorman Marcos Córdoba  y los integrantes del grupo Cirigliano a partir del 18 de marzo próximo.

El fiscal también había solicitado realizar un recorrido en la cabina de conducción de un coche Toshiba de similares condiciones y equipamiento, pero el tribunal oral denegó la medida.

La inspección, que se realizará a partir de las 10.30,  la solicitó el fiscal Fernando Arrigo, en el marco del ofrecimiento de prueba presentado por el Ministerio Público Fiscal en junio de 2013, al Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Tassara y Jorge Gorini.

El tribunal hizo lugar al pedido de la fiscalía respecto de la inspección ocular de los coches siniestrados, pero rechazó "el recorrido en cabina de conducción de un coche Toshiba de similares condiciones y equipamiento", por considerar que  "se trata en definitiva de requerir una reconstrucción del hecho (...) y es en ese marco que este tribunal considera que resulta una medida de imposible cumplimiento".

El accidente ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación con pasajeros que salió de Moreno, y tenía como destino la estación Once, chocó contra un dispositivo de contención. El hecho produjo la muerte de 51 personas y más de 700 heridos

Entre los imputados están los empresarios del grupo Cirigliano, por entonces al frente de la concesionaria TBA  (Trenes de Buenos Aires), rescindida tras el accidente, el maquinista Marcos Antonio Córdoba, y los ex secretarios de Trasnporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.

Los acusados están imputados por el delito de defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta en concurso real con el delito de estrago agravado por el resultado de muerte. Por su parte, a Córdoba sólo se le imputa el delito de estrago agravado por el resultado de muerte.

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