Piden indagar al dueño de Falabella por trata de personas

Sociedad

El fiscal Federico Delgado entiende que la cadena de tiendas encargaba la confección de ropa a talleres clandestinos. Dramática descripción de las condiciones de vida de las víctimas.

El fiscal federal Federico Delgado pidió este lunes la declaración indagatoria del titular de la cadena de tiendas comerciales Falabella, Juan Luis Mingo Salazar, acusado del presunto delito de "trata de personas" mediante la explotación de inmigrantes en talleres textiles en condiciones laborales infrahumanas.

El pedido fue realizado en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadío, a quien además le solicitó la indagatoria de los empresarios Héctor y Gustavo Mitelman, "los responsables de la firma que ofició de proveedora" de indumentaria para Fallabella, así como la del peruano Robert Egber Tupino Yncacutipa, imputado de haber "montado un taller ilegal".

Se trata de una causa iniciada el 20 de diciembre de 2012, por denuncia de un funcionario de la Sección Penal de la Dirección Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, quien advirtió ante la Cámara Federal "el funcionamiento de dos talleres textiles clandestinos, ubicados en Quirós 3041 y San Nicolás 266, ambos de esta ciudad".

En la denuncia sostuvo que allí trabajaban diez personas en condiciones de "empleados cama adentro", con un sueldo de aproximadamente $2500 -de los cuales $1000 eran retenidos para la comida y vivienda- y que las condiciones de higiene del lugar eran deplorables".

Luego, la investigación "confirmó el efectivo funcionamiento de ambos talleres textiles", con la realización de allanamientos ordenados por Bonadio el 12 de marzo de 2013.

En los allanamientos fueron hallados "bultos de ropa con etiquetas de Falabella, Sybilla y Americanino (las últimas dos son marcas propias de Falabella)".

" El devenir del proceso reveló con nitidez una de las consecuencias más crudas del capitalismo: la explotación del hombre por el hombre; esa que la organización republicana intenta mitigar a través de la institucionalidad derivada del Estado Nación", sostuvo el fiscal.

"Los operadores judiciales vemos todos los días en tribunales montones de causas que giran en derredor de talleres textiles clandestinos. Son procesos que tienen matices propios, pero rasgos comunes. Hablamos de inmigrantes ilegales que por necesidad son objetualizados y trabajan en condiciones deplorables. A su vez, son regenteadas por otra persona que muchas veces trabaja a la par y en esas mismas condiciones. No obstante, siempre hay un amo", advirtió.

Se constató en los procedimientos que los trabajadores "viven ahí, duermen ahí y confeccionan todo el tiempo, no salen mucho de la casa. Tenían cara de cansados, con ropa de trabajo, sucios. Aparte el olor a encierro era terrible, no había ni una ventana abierta".

"Las condiciones de trabajo no eran buenas, era un lugar chico, sin televisor, mesa de comedor. No había privacidad en la casa. Trabajaban sin mucho descanso ni límite de horario porque en este tipo de talleres la gente cobra por cada prenda que confecciona", surge de uno de los testimonios de la causa.

La operatoria, para Delgado, es que las marcas, en este caso Falabella, se nutren a través de terceros de talleres que explotan a personas vulnerables. "La tercerización les permite no 'contaminarse' directamente con la objetualización de seres humanos y bajar los costos para aumentar la tasa de ganancia", explicó el fiscal.

Dejá tu comentario