La reforma judicial, con el implícito visto bueno de la Justicia
Los planteos de inconstitucionalidad que se hagan sobre el combo de leyes enviado por el Ejecutivo para modificar el sistema judicial difícilmente prosperen.
Mientras el oficialismo apura en el Congreso la aprobación de las normas impulsada por el Gobierno para "democratizar la justicia", sectores de la oposición y del ámbito judicial ya anunciaron que harán planteos de inconstitucionalidad contra la reforma. Sin embargo, son escasas las posibilidades de prosperar que tendrían iniciativas de esa naturaleza, y, por ende, de frenar los proyectos, entre ellos el que propone modificaciones en el Consejo de la Magistratura.
Desde hace años, la Corte Suprema de Justicia tiene a estudio y pendiente de resolución un pedido de inconstitucionalidad de la última reforma del Consejo de la Magistratura, que en 2006 modificó, entre otras cuestiones, la conformación del cuerpo bajando de 20 a 13 (que es la integración actual) la cantidad de sus miembros. El alto tribunal nunca se pronunció sobre el tema.
En aquel momento, se interpusieron varias acciones de amparo. Una de ellas, la del Colegio de Abogados de la Capital Federal, llegó a la Corte e incluso tiene un dictamen de la Procuración de fines de 2006 que avaló la reforma al considerar que el Poder Judicial no puede opinar sobre "el acierto o error o el mérito o conveniencia" de las decisiones legislativas.
La Procuración, conducida entonces por Esteban Righi, consideró que el artículo 114 de la Constitución "no define un número determinado de integrantes del Consejo de la Magistratura, sino que impone como mandato al legislador que, al momento de definir su composición, procure equilibrio".
La Corte aún no se pronunció sobre la cuestión y, según el Colegio de Abogados, el expediente se encuentra para dictar sentencia desde el año 2009.
Es decir que desde hace siete años está en vigencia una ley sobre la Magistratura que fue cuestionada en la justicia y sobre la cual la Corte no se ha expedido aún sobre su constitucionalidad o no.
En caso de expedirse una vez sancionada la nueva reforma del Consejo, la Corte no tendría otro remedio que declarar abstracta la cuestión sobre la reforma anterior, con lo cual no habría precedente del máximo tribunal de la Nación. El antecedente válido sería el dictamen de la Procuración avalando la ley que modificó la representación del organismo.
A fines de 2012, una agrupación de abogados presentó una nota al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, pidiendo la "pronta resolución" de dos casos sobre la constitucionalidad de la reforma de 2006.
Ahora varias agrupaciones han anunciado que presentarán amparos, mientras ingresaron a tratamiento del Congreso todos los proyectos enviados por el Gobierno.
El proyecto de reforma del Consejo propone ampliar de 13 a 19 la cantidad de sus miembros e incorporar la elección popular de los integrantes (actualmente los jueces y abogados que representan a sus estamentos son elegidos por sus pares) que "expresen más fielmente la voluntad popular", estableciéndose el sufragio universal como mecanismo de elección.
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